La pandemia ha multiplicado exponencialmente las carencias reinantes en las comunidades indígenas, por las limitaciones de acceso y movilización, aunado a la intensificación de los proyectos extractivistas, que van erosionando cada vez más los recursos naturales tan vitales para la sostenibilidad física, espiritual y cultural de los pueblos indígenas.
En el llamado de atención mundial que hace este año ONU como parte de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la organización resalta que la pandemia “ha expuesto y exacerbado muchas desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a poblaciones de todo el mundo que ya sufrían pobreza, enfermedad, discriminación, inestabilidad institucional o inseguridad financiera”, y que, en el caso de los pueblos indígenas el contraste es más marcado.
Hoy, cuando las Naciones Unidas nos insta a “no dejar a nadie atrás”, miles de indígenas venezolanos han optado y siguen siendo lanzados a una migración forzada, justamente para no ser los últimos en la fila de los derechos, y más recientemente, para no quedar fuera de la vacunación contra la Covid-19.
Los indígenas son presa fácil para depredadores sociales
Las razones que motivan a los indígenas venezolanos a migrar no son distintas a las que motivan en general a los venezolanos no indígenas, pues en el Informe Migración Indígena presentado por el Observatorio durante el 2020, quedó de manifiesto que entre las razones por las que migraron figuran la búsqueda de empleo y la desesperación e incertidumbre por la situación del país.
La pandemia llegó a Venezuela en uno de los peores momentos del sistema de salud, y a lo largo de este año han continuado también las invasiones de tierras indígenas por grupos armados, el fenómeno de migración forzada sigue creciendo y los indígenas están emigrando en las peores condiciones de vulnerabilidad, trasladándose en medio de la clandestinidad y a merced de redes delincuenciales, exponiéndose a todo tipo de riesgos como caer en cadenas de extorsión y hasta esclavitud moderna, como denunciamos recientemente con el caso de dos indígenas de la comunidad de Murako a quienes se les presentó una oferta de trabajo se ofrecieron ante la oferta de trabajo en Kumaka, en la zona fronteriza con Guyana, y realmente fueron sometidos a trabajar en las minas para trabajar como esclavos sin ningún tipo de pago y recibiendo vejaciones hasta que lograron escapar.
Si la vacuna no llega a las comunidades indígenas, las comunidades indígenas llegan a la vacuna
En junio de este año, conocimos de al menos dos grupos de waraos que se movilizaron hasta Brasil en condiciones precarias, como un nuevo indicativo de las condiciones tan adversas en las que viven en sus comunidades.
El primer evento se registró a comienzos de junio, cuando un grupo compuesto por 11 personas procedentes del municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro llegó hasta Pacaraima.
De acuerdo con fuentes directas, el grupo de originarios salió de Venezuela a pie y tuvo que caminar durante seis días desde El Dorado, en el estado Bolívar, Venezuela, hasta Pacaraima.
Algunos presentaban claros síntomas de deshidratación y hambre. No solo cargaron sobre sus espaldas los pocos enseres que decidieron llevarse, sino también a los niños que formaban parte del grupo.
Radio Fe y Alegría Noticias conoció que de los 11 originarios, 4 son menores de edad: 1 de 9 meses, 1 de 3 años, 1 de 9 años y el otro de 14 años.
El segundo evento tuvo lugar a finales de junio. En esa ocasión, cuatro familias waraos incluidos ocho niños, dos adultos octogenarios y una persona con discapacidad, lograron cruzar la frontera de Venezuela y Brasil en busca de ayuda humanitaria.
El grupo de 16 indígenas waraos alcanzó cruzar la frontera de Venezuela y Brasil tras un viaje de 30 días desde Ciudad Guayana, específicamente desde San Félix estado Bolívar.
Kapé Kapé conoció que tan sólo en el mes de junio, recibieron vacuna contra la Covid-19 cerca de 800 waraos ubicados en los refugios Río Grande, Pacaraima y Belén, sólo 3 de los 15 habilitados hasta ahora para tal fin en el país vecino, lo que significa que la cifra real podría ser de incluso el doble.
En contraste, los datos ofrecidos por la coordinación del programa de inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud de Amazonas, daban cuenta que apenas 800 indígenas de todo el estado habrían recibido la vacuna en el mismo lapso de tiempo, estando en su país de origen, donde deberían ser una prioridad en estas jornadas debido a su alto grado de vulnerabilidad.
Sin condiciones no hay derechos
En definitiva, los indígenas viven en una situación generalizada de vulneración de sus derechos humanos y constitucionales.
El cambio de esta realidad sólo será posible hasta que se generen políticas públicas que propicien una verdadera igualdad de condiciones para que los indígenas tengan un pleno acceso a sus derechos.
Nunca estará en igualdad de condiciones un niño de las ciudades que con fallas y aciertos participa del sistema de educación a distancia entre las necesidades que pueda haber en su familia y escuela, que un niño de las comunidades indígenas más alejadas donde no llega ni la señal telefónica, ni la luz eléctrica, en una escuela sin maestros, ni herramientas pedagógicas.
Es necesario crear condiciones para que los indígenas puedan acceder a sus derechos, tomando en cuenta también las particularidades de su cultura y cosmovisión.
Es necesario también que la sociedad en general se haga más consciente de la lucha y derechos de los pueblos indígenas. En un mundo donde cada día se hace más popular la demanda de las minorías, es necesario que pongamos en el top de la lista los derechos de una de las minorías más antiguas de la humanidad y que poco a poco ha quedado relegada a los libros de historia.
Sólo cuando los Estados y la sociedad en general entendamos, respetemos y defendamos los derechos de los indígenas, podremos comenzar a recorrer el camino hacia la igualdad y el fin de la discriminación.
Como señala el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, es necesario darle vida a un nuevo contrato social en donde las formas de vida y de gobernanza de los pueblos indígenas sean respetadas a través de un sistema participativo e inclusivo que cuente con el consentimiento libre previo e informado de estas poblaciones, donde los pueblos indígenas tengan acceso a beneficios sociales y económicos.
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