El gobierno y la oposición de Venezuela alcanzaron el lunes «acuerdos parciales» encaminados a establecer mecanismos para atender la pandemia de covid-19 y fijaron reunirse nuevamente a finales de este mes en Ciudad de México.
«Las partes acordaron establecer mecanismos de restauración y consecución de los recursos para atender las necesidades de la pandemia por COVID-19, incluyendo aquellos provenientes de organismos multilaterales», indicó el comunicado conjunto publicado al término de la ronda.
Esos mecanismos incluyen «recurrir a recursos de activos como los que da el Fondo Monetario Internacional», mediante Derechos Especiales de Giro (DEG) para proporcionar liquidez a sus países miembros, dijo Jorge Rodríguez, líder del parlamento venezolano y hombre de confianza del presidente Nicolás Maduro.
Las partes acordaron también volverse a reunir en Ciudad de México del 24 al 27 de septiembre próximo. «Estaremos aquí en México con los otros puntos que están establecidos» en el comunicado de cierre, agregó Rodríguez.
El documento añade que «cada parte acuerda designar a tres representantes para conformar una Mesa Nacional de Atención Social para abordar áreas de salud y alimentación».
El otro acuerdo es «ratificar la soberanía sobre el territorio de la Guayana Esequiba, conforme a los cuales la frontera oriental de Venezuela es la medianera del río Esequibo».
«Estoy contento»
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró «contento» frente al resultado de esta ronda.
«(Estoy) contento (…) estoy de acuerdo, lo logramos en México, lo volvimos a lograr en México. ¿Lograr qué? Sentar a la oposición extremista, hablar de los temas importantes de la economía, de la sociedad, de los temas del país», dijo en un video difundido en su cuenta de Twitter.
«A pesar de que tuvimos confrontación de ideas, como ocurre en cualquier democracia, además de que fue una expresión firme de lo que cada uno pensaba, lo pudimos hacer en un clima de empatía, incluso en un clima de cordialidad y pudimos además trabajar juntos», dijo a su vez Rodríguez.
El jefe negociador de la oposición, Gerardo Blyde, dijo por su parte que es importante «haber logrado un espacio que esperamos que sea despolitizado para acordar todas estas medidas en materia humanitaria y adicionalmente que sea arduo, que no se utilice como bandera política».
Blyde añadió que «evidentemente» se busca acceso a fondos para materia humanitaria y que ambas partes «haremos todo lo que esté en nuestras manos» para conseguirlos.
Uno de los temas de la próxima ronda será «el sistema de justicia en Venezuela», añadió Blyde.
Es «un tema profundo, complejo, pero por el cual hay que empezar la reinstitucionalización democrática del país», dijo Blyde.
Las negociaciones, facilitadas por Noruega, buscan además del levantamiento de las sanciones económicas contra Venezuela, la garantía de elecciones libres.
La cuarta y última jornada de cuatro días inició poco antes del mediodía en un céntrico hotel de la capital mexicana.
Advertencia
Maduro advirtió el domingo que estas negociaciones no se traducirán en «impunidad», lo que es interpretado como una advertencia para el opositor Juan Guaidó, el exlíder parlamentario que se autoproclamó presidente en 2019 y que enfrenta múltiples acusaciones en Venezuela.
El Departamento de Estado estadounidense saludó el viernes el inicio del diálogo y manifestó su deseo de que se «restaure la democracia» de manera pacífica en Venezuela.
En el memorando común las partes se plantearon siete puntos de discusión, entre los que destacan derechos políticos, garantías electorales y un cronograma para elecciones observables, temas prioritarios de la agenda opositora desde el viernes.
El documento también incluye la principal exigencia del gobierno de Maduro: que se levanten o se flexibilicen las sanciones económicas lideradas por Washington contra el país sudamericano.
El diálogo se realiza con miras a las elecciones de gobernadores y alcaldes de noviembre próximo, en las que participarán los principales partidos políticos opositores, rompiendo un boicot electoral de tres años.
AFP
