La investigación fue solicitada en julio de ese año por el entonces general de división Fabio Zavarse Pabón, quien comandaba la zona operativa de defensa integral Capital, debido al hurto de dos armarios pertenecientes a un vehículo de lanzamisiles rusos BUK, perteneciente al 392 grupo misilístico de defensa aérea Manuel Gual, con sede en Fuerte Guaicaipuro de Charallave.
Según los datos consignados en la decisión judicial, el primer armario P-5M2 se encarga de convertir una señal análoga a digital, del sistema receptor al sistema calculador digital del lanzamisiles; y el segundo selecciona los blancos de interés ubicados en el espacio de irradiación. La sustracción dejó inservible al referido vehículo.
La falta de estos equipos fue detectada el 29 de mayo de 2017 por el sargento primero Daniel Dumont durante una inspección a la unidad junto a personal de la brigada de mantenimiento enviada por la Federación Rusa.
De inmediato notificó al coronel Humberto Elías Serrano, comandante del grupo misilístico, y por intermedio de este oficial se envió la novedad a la Dirección de Contrainteligencia Militar. Los testimonios consignados durante la audiencia de presentación indican que el lanzamisiles tuvo una falla durante un ejercicio simulado llevado a cabo en abril. Desde entonces, indicó el coronel, los rusos estaban a cargo de las reparaciones.
Como solo hablan su idioma nativo, no podían comunicarse con los venezolanos, salvo a través de señas. Por este juicio fueron imputados el coronel Serrano, el capitán de fragata Rafael Ángel Ramírez, los primeros tenientes Hecmanuel Abed Azevedo, Manuel José Mediavilla y Ricardo Figueredo Olivo, así como el sargento Dumont.
EDG
