Para el monitoreo y análisis de 19 países del hemisferio participaron más de 150 organizaciones de la sociedad civil, para la medición de los indicadores normativos para fortalecer la lucha contra la corrupción en la región. Esto como seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima, suscrito durante la VIII Cumbre de las Américas, en 2018.
La ONG Transparencia Venezuela presentó el primer informe del Observatorio Ciudadano de la Corrupción (OCC), Balance normativo de los Compromisos de Lima, el cual ubica a Venezuela entre los países de las Américas con menos regulaciones para combatir la corrupción.
Primer informe del Observatorio Ciudadano de Corrupción revela avances y retos para la lucha anticorrupción en la región. Venezuela, Haití, Chile y El Salvador tienen una baja e irregular regulación para garantizar transparencia pública, un gobierno abierto y plataformas para las contrataciones públicas.
La ONG destaca entre los principales hallazgos que “las regulaciones más desarrolladas a escala regional están asociadas a la transparencia en el financiamiento de campañas, los planes nacionales de Gobierno Abierto y las plataformas electrónicas para las contrataciones públicas. En contraste, elementos fundamentales como la protección a denunciantes, testigos o informantes de actos de corrupción y la promoción de códigos de conducta a los servidores públicos presentan avances relativamente bajos”.
De acuerdo con el análisis, Venezuela, Haití, Chile, El Salvador y Uruguay son los países con menos regulaciones contra la corrupción. Perú, México y Colombia, en cambio, se ubicaron como los países con el mayor número de normas vigentes para luchar contra este flagelo.
En consideración que el compromiso de Lima se suscribió en 2018, parte del monitoreo del OCC fue revisar las normativas contra la corrupción antes y después de ese año.
De acuerdo con los resultados, “más de la mitad de las normas para avanzar en la lucha contra la corrupción existían antes de la firma de Compromiso de Lima. Esta situación indica que, por lo menos a nivel normativo y jurisprudencial, los países que fueron analizados por el OCC, antes de la celebración del Compromiso ya contaban con un marco normativo amplio para la promoción de medidas de lucha contra la corrupción”.
Observaron también que si bien “la mayor parte de los desarrollos normativos recientes se relacionan con la implementación de políticas y planes nacionales de Gobierno Abierto, en los casos de Brasil, Chile, Nicaragua y Venezuela actualmente no tienen políticas ni planes nacionales sobre gobierno electrónico y participación digital, que se relacionen directamente con medidas de lucha contra la corrupción”.
El Impulso
