«Una China poderosa también debería ser justa y equitativa», ha dicho Yao Yang, profesor de Economía en la Universidad de Pekín, a The New York Times.
Tal y como ha explicado el propio Xi, el Partido Comunista buscará alcanzar una «prosperidad compartida» – término utilizado por Mao Zedong en la década de 1950 – para 2035, con el fin de reducir la brecha económica que asola el país desde hace varias décadas.
De acuerdo con los planes del partido, y aunque todavía se desconocen la mayoría de medidas que afectarán a las compañías, la intención es lograr un aumento de la renta media de las personas, promover los contratos colectivos para que los trabajadores tengan mayor poder de negociación y otorgar a los empleados parte de los medios de producción de las empresas.
Unas medidas que en cualquier otro país harían saltar las alarmas de las grandes compañías, iniciando una guerra contra el gobierno. Sin embargo, dado el poder de los dirigentes chinos, las multinacionales nacionales se han apresurado a mostrar su apoyo a la decisión del partido.
Jack Ma, cofundador de Alibaba, dijo recientemente que era «responsabilidad y deber» de los empresarios luchar por la «prosperidad compartida». Asimismo, la semana pasada, la compañía anunció que invertirá 15.500 millones de dólares en proyectos para compartir la riqueza, y que contemplan la atención médica rural y el seguro para los trabajadores de reparto.
Del mismo modo, Tencent, la multinacional tecnológica más grande del país, también anunció recientemente que destinará 15.500 millones de dólares, la misma cantidad que Alibaba, a la implementación de programas de ayuda social.
Precisamente, esta decisión llega en un momento en el que el líder chino se enfrenta a la posibilidad de dirigir un tercer periodo como secretario general del partido a principios de 2022. La administración del país es consciente de que el abismo que se ha generado entre clases va en contra de los principios del socialismo y de las bases sobre las que se fundó la China actual.
De hecho, Xi Jinping ha advertido a su administración que no atender a las quejas del pueblo chino podría suponer un lastre para la economía y hacer peligrar el futuro del partido.
La realidad es que China es uno de los peores países en términos de redistribución de la riqueza, tal y como explica Yao. El gasto público se concentra en las clases más pudientes. El 1% más rico del país, actualmente, posee casi el 31% de la riqueza nacional, según el Instituto de Investigación de Credit Suisse. Una cifra que en EEUU asciende hasta el 35%, tal y como recoge The New York Times.
Por este motivo, el gobierno está prometiendo que la educación, las viviendas y la atención médica serán accesibles para todos los ciudadanos.
Del mismo modo, la intención del partido es extender los servicios a todas las áreas poblacionales, ya que, actualmente, están concentrados en las grandes ciudades. La intención de Xi es conseguir que gran parte de la población acceda a la clase media, algo que de por sí retuerce los principios del comunismo, pero que es de urgente implementación en el país.
En concreto, el partido ha explicado que el fin de estas medidas no es lograr un estado de bienestar al estilo europeo ni un igualitarismo como el de la era de Mao, por el contrario, las pretensiones pasan por alcanzar una sociedad «en forma de aceituna», es decir, una clase media masiva y unas pocas personas en los extremos de la pobreza y de la riqueza.
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