Un diverso grupo de organizaciones sociales en Chile publicó este domingo un comunicado emplazando al Gobierno a cambiar su política migratoria luego de que ayer una marcha antiinmigración en el norte del país terminara en violentos ataques contra la población extranjera.«De continuar con las actuales políticas migratorias se seguirá complejizando la convivencia entre las comunidades locales y migrantes. Nadie quiere que se perpetúe un círculo de irregularidad, exclusión e incluso violencia (…) Es urgente un cambio de timón en las políticas del Gobierno», reza el comunicado firmado por 24 organizaciones.
Los hechos ocurrieron en la ciudad de Iquique -1.400 kilómetros al norte de Santiago-, cuando un grupo de chilenos que participó en una multitudinaria manifestación de marcado tono antiinmigrante quemó carpas, frazadas, juguetes y colchones que eran utilizados por personas extranjeras que pernoctaban en espacios públicos a la espera de una solución a su situación migratoria.
«Actos como estos atentan contra la construcción de una sociedad humana, acogedora e inclusiva, y pasan a llevar el derecho a una vida digna y segura para todas y todos», declaran las organizaciones firmantes.
Además, en el documento se hace referencia al desalojo policial que la noche del viernes tuvo lugar en la Plaza Brasil, espacio ubicado en pleno centro de la ciudad norteña donde se asentaron decenas de familias venezolanas indocumentadas.
«Durante el desalojo de la ex Plaza Brasil, fuimos testigos de golpes a menores de edad y mujeres embarazadas, sin entregar una posibilidad que albergara a quienes fueron desalojados y agredidos. Llamamos a respetar la integridad y dignidad de todas las personas y, sobre todo, a velar por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes», señala la publicación.
«Reiteramos nuestro rechazo a las expulsiones de migrantes que han contribuido a generar un clima de odio, de criminalización y estigmatización que exacerba la crisis de gobernabilidad migratoria que hoy enfrentamos», agrega.
El relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes de la ONU, Felipe González, también se pronunció ante la crisis y calificó como una «inadmisible humillación» el ataque incendiario contra las pertenencias de las personas inmigrantes.
Por su parte, UNICEF manifestó su «preocupación» por la situación de cientos de niños inmigrantes en el norte de Chile y llamó a garantizar sus derechos y su seguridad.
El Gobierno en tanto reiteró que retomarán la política de deportar a extranjeros, pese a que un fallo de la Corte Suprema rechazó este proceder en junio y que otras organizaciones, como Human Rights Watch, han hecho llamados explícitos a poner fin a las «deportaciones sumarias».
A la fecha son alrededor de 3.500 migrantes -según algunos vecinos- los que se encuentran varados en las calles de Iquique, gran parte de ellos luego de haber ingresado a Chile por pasos no habilitados en la frontera y cruzar la ruta hacia la costa.
La mayoría llega desde Venezuela buscando una oportunidad en Chile, pero entre las restricciones sanitarias, la política migratoria y su escasez de recursos económicos quedan atrapados sin poder continuar el viaje por el país, durmiendo en albergues o en campamentos improvisados en las calles.
Según la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, entre enero y julio de este año se registraron 23.673 denuncias por ingreso al país a través de pasos no habilitados, lo que supone un 40 % de todo 2020.
EFE
