El Consejo de Ministros de España declaró este martes a la isla canaria de La Palma como zona catastrófica, después de que el volcán de Cumbre Vieja entrara en erupción el pasado 19 de septiembre.
Además del arrasamiento de tierras y viviendas, toda La Palma ha sufrido efectos colaterales, como la destrucción de infraestructuras, entre las que se encuentran varias carreteras, la afectación de plataneras de las que depende casi un tercio de la economía local, o el coste de atender a los millares de desplazados y afectados.
Para la isla esta declaración puede suponer una gran inyección económica que palie los daños causados por la erupción y que revitalice su economía.
La normativa fija un abanico de medidas que pueden ser acordadas por el Gobierno.
Este lunes la portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, anunció que el Consejo de Ministros adopto un paquete de medidas socioeconómicas en primera fase, que constará de una dotación de 10,5 millones de euros para los afectados por la pérdida de sus viviendas.
Según la portavoz del Ejecutivo, este plan de reconstrucción se extenderá por varios frentes, destacando sectores como el urbanismo, la vivienda, la reconstrucción de carreteras y redes de abastecimiento de energía y agua, el impulso a las energía renovables y la puesta en marcha de un programa de relanzamiento turístico.
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