Diversas comunidades indígenas se manifestaron este martes ante el Congreso argentino para reclamar, en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la prórroga de la ley 26.160 que declara la «emergencia territorial» de los pueblos originarios y prohíbe los desalojos de las tierras que habitan.
Esta normativa, aprobada a finales de 2006 por un plazo de cuatro años y prorrogada en tres ocasiones, vence el próximo noviembre, por lo que estos grupos se manifestaron para exigir su extensión y para dotarla de más presupuesto.
«Las tres prórrogas que existieron implican que esta ley debe hacer un relevamiento de los pueblos originarios, para eso se necesita presupuesto y el presupuesto nunca llegó, así que indudablemente es una ley muerta», lamentó en declaraciones a Efe Enrique Mamani, presidente de la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios (Orcopo).
Desde las entidades indígenas también pidieron la aprobación de una ley de propiedad comunitaria, en aras de obtener los títulos de propiedad de sus territorios y terminar con la «inseguridad jurídica» que padecen estas comunidades, aseguró Benito Espíndola, uno de los manifestantes frente al Congreso argentino.
De hecho, según Enrique Mamani, tanto la prorrogación de la ley de emergencia como la tramitación de la ley de propiedad comunitaria suponen un «salvoconducto» para conservar la «cultura» y la «filosofía» de las comunidades indígenas.
