La oposición formalizó este jueves en el Congreso de Perú un pedido de destitución del presidente, Pedro Castillo, por «permanente incapacidad moral».
La moción fue promovida por la tercera vicepresidenta del Congreso, la derechista Patricia Chirinos. Fue presentada con 28 firmas, dos más del mínimo que exige la ley peruana para que, en primera instancia, se discuta la eventual admisión.
Para que el tema de fondo sea debatido luego se requieren 52 votos a favor, y para la eventual destitución del mandatario, 87 votos de los 130 congresistas.
En principio, analistas y medios locales señalan que la moción aún no tiene el apoyo necesario para que sea admitida a debate.
El documento contó con las firmas de congresistas de las agrupaciones derechistas Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular. Este último liderado por Keiko Fujimori, quien en junio perdió frente a Castillo su tercera postulación consecutiva a la presidencia peruana.
Entre los argumentos para considerar la incapacidad moral de Castillo está el presunto uso ilegal de fondos para su campaña electoral de este año, que hizo representando al partido marxista Perú Libre, del que luego se ha alejado.
Además, la moción señala: «Castillo ha designado a altos funcionarios vinculados al terrorismo y acusados de apología del terrorismo».
También se le acusa del delito de tráfico de influencias en los ascensos de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de las jefaturas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
Asimismo, la oposición denuncia: «Castillo ocasiona un debilitamiento del sistema democrático del Perú al fortalecer las relaciones con gobiernos antidemocráticos como Venezuela y avalar la intervención de personajes extranjeros en asuntos internos».
Sobre esa acusación de permitir intervención de extranjeros se menciona al expresidente boliviano Evo Morales.
Los firmantes añaden que durante el gobierno de Castillo, que comenzó el 28 de julio, se ha presentado un debilitamiento de la libertad de expresión. Además de un maltrato a medios de comunicación y negativa a rendir cuentas a la sociedad, así como una permisibilidad a la violencia contra la mujer.
El Nacional
