Un total de 210 funcionarios de seguridad del Estado venezolano han recibido condenas durante este año, tras haberse confirmado su participación en delitos contra los Derechos Humanos (DD.HH.) en ese país suramericano.
La información fue destacada este miércoles por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien detalló que los funcionarios ejercían labores policiales y militares; y que las condenas representan «una cantidad importante».
El fiscal informó que a partir del trabajo que realiza su despacho en defensa de los DD.HH., este año se han acusado a 1.108 funcionarios, 820 ya imputados y 582 privados de libertad de forma preventiva, por la presunta comisión de este tipo de crímenes.
Además, dijo el fiscal, hay 158 particulares señalados por participar en delitos contra los DD.HH., 40 de ellos imputados y 31 privados de libertad, mientras se realizan las averiguaciones.
«Siempre vamos a estar pendientes de las investigaciones para que concluyan, obviamente, con una sentencia final que determine la responsabilidad de los involucrados», resaltó Saab.
Algunos casos resueltos
El fiscal hizo referencia a algunos casos resueltos durante este año y entre ellos mencionó el del exconcejal Fernando Albán, que falleció el 8 de octubre de 2018 en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.
Por este caso, dijo Saab, resultaron condenados el pasado 3 de diciembre dos funcionarios del Sebin por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada. Los funcionarios admitieron los hechos y recibieron una pena de 5 años y 10 meses de prisión.
También fue resuelto el homicidio del ciudadano David Vallenilla, ejecutado durante una protesta frente a la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en Caracas, el 22 de junio de 2017. Por este caso fue condenado a 23 años prisión, el pasado 22 de octubre, el funcionario de la Aviación Arli Méndez, por los delitos de homicidio calificado con alevosía, motivos fútiles y uso indebido de arma orgánica.
Saab comentó que otro caso que recibió condena fue el del asesinato de Leonardo González durante una protesta en el estado Carabobo el 27 de julio de 2017. Por este delito fueron condenados cuatro exfuncionarios de la Policía Municipal de Naguanagua y 2 exfuncionarios de la Policía de Carabobo a una pena de 28 años y 7 meses de prisión, el pasado 4 de noviembre.
«Los funcionarios persiguieron a la víctima y le dispararon en múltiples oportunidades a su vehículo, y luego de verlo herido, lo abandonaron en el lugar. En los hechos también resultó herido Luis Guillermo Lachmann», comentó Saab.
El fiscal mencionó otros casos ocurridos en distintas regiones del país que tuvieron como origen las manifestaciones del año 2017. También resaltó la disposición del Ministerio Público para defender los DD.HH. y garantizar que no se repitan este tipo de crímenes en el país.
RT
