La reforma a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, aprobada el jueves 3 de febrero en segunda discusión por la Asamblea Nacional de 2020, tendrá un impacto negativo no solo para las empresas, sino también para las personas naturales. La norma, que aún no está publicada en Gaceta Oficial, establece el cobro de impuestos de hasta 20% en las transacciones con dólares y criptomonedas diferentes al petro.
“Afecta a todo el mundo, a las empresas y a las personas naturales, porque sencillamente encarece el costo de las transacciones”, dijo a El Nacional el economista José Guerra, miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas.
Un retroceso en la dolarización
La regulación significaría un retroceso en la dolarización e incluso conspiraría contra ella, dijo Guerra, también diputado a la Asamblea Nacional elegida en 2015. Agregó que se encarecerán todas las actividades comerciales de compra y venta, y aclaró que no hay exención alguna: todos deben pagar el impuesto por esas transacciones.
“Este impuesto, cuando se pague, no se puede deducir del impuesto sobre la renta como sí sucede con el impuesto de valor agregado. Al ciudadano común le afecta igualmente porque cuando va a hacer una compra en dólares, de cualquier producto, tiene que pagar el impuesto cuya tasa no se conoce”, señaló Guerra.
El parlamentario indicó asimismo que las empresas que tienen empleados remunerados en la divisa estadounidense también serán objeto del cobro del impuesto. Se trata de un efecto cascada que afectará todas las actividades comerciales en el país.
Se abrieron las puertas a “un dólar criminal”
El economista Aarón Olmos, primer ejecutivo de Olmos Group Venezuela, recordó que desde 2019 hasta la fecha ha habido un proceso de adopción de las divisas. “Pasamos de un ‘dólar criminal’, entre comillas y subrayado, como lo decía el Ejecutivo, de echarle la culpa a una cuenta que ponía precios de una divisa con respecto al bolívar, a abrir las puertas a la divisa, para que en todo 2020 y 2021 fungiera como un elemento de control”, añadió.
Esto, afirmó el economista, hizo que el sistema financiero creará productos orientados al resguardo de esas divisas. Señaló que al final del ejercicio económico del año pasado más de 55% de las captaciones estaban en moneda extranjera.
“Eso ya dice bastante de cómo las divisas ayudaron a la economía a estabilizarse”, expresó.
Advirtió que los impuestos, de alguna manera, generarán que los avances que llevaba la banca se ralenticen e incluso hasta se frenen porque la gente puede comenzar a dudar si le comenzarán a cobrar un porcentaje por cada transacción.
Alícuotas desde 2,5%
Olmos dijo que el artículo 13 del documento aprobado en segunda discusión, y divulgado por la Asamblea Nacional, indica cuáles serán las alícuotas. Estarán fijadas en función del tipo de contribuyente especial, en este caso el sujeto pasivo, según las características que se establecen en la ley.
“Prácticamente todas las personas naturales y jurídicas tendríamos que pagar una alícuota que puede estar en 2,5%. Por ejemplo, si una persona hace un gasto de 100 dólares para su casa, bien sea que pague en un local con tarjeta de débito internacional, tarjeta de crédito internacional, tarjeta de débito que gire sobre una cuenta en divisas en Venezuela, por Zelle o efectivo, tendría que pagar 2,5 dólares adicionales, que eso se lo queda el Ejecutivo, adicional al tema del IVA”, explicó.
En la exposición de motivos de la norma se estima que el actual impuesto a las grandes transacciones financieras representa alrededor de 13% del total de la recaudación tributaria nacional. Y agrega que se podría permitir un incremento de la recaudación de alrededor de 5,4% del total.
Olmos aseguró que existen otras formas de elevar ese 5,4% de la recaudación con herramientas o vías parafiscales en lugar de “pasarle factura” directamente al consumidor cuando haga sus operaciones en moneda extranjera.
Falta nivel de detalle
El experto indicó que, si bien ya se tiene un instrumento legal, todavía falta mucho nivel de detalle para que la colectividad comprenda de qué manera le afecta esta reforma y en qué tipo de casos podría aplicarse. Puede haber ciertos niveles de confusión.
“Para acallar o no darle más espacio a especulaciones, hace falta esperar a que la autoridad tributaria, en este caso el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, nos comente de qué manera esto ocurrirá, ya que la economía de Venezuela es multimoneda. Hay gente que paga con Paypal, Zelle, criptomonedas, Binance”, dijo.
Olmos subrayó que no queda claro, por ejemplo, cómo se hará en caso de que una persona pague 42 dólares con 2 billetes de 20 y el resto (2 dólares) al cambio en bolívares. “¿Cómo se cobra eso ahí? ¿Los 42 o los 40? Eso es muy normal en Venezuela, una persona paga un porcentaje en divisas y otro en bolívares. Son cosas que no quedan claras todavía”, expuso.
Buscan dólares de manera desesperada
Guerra señaló que el gobierno de Maduro pretende generar ingresos en divisas de una manera desesperada porque necesita gastar en dólares.
Expertos estiman que más de 65% de las transacciones en el país ocurren en moneda extranjera y que en el sector privado se supera esa cifra.
“Las transacciones en dólares se han incrementado de manera apreciable y ellos quieren tomar una parte de ese monto que se está transando para disponer e incrementar su nivel de gastos en divisas, que ahora no lo pueden hacer porque no están exportando el petróleo que Venezuela exportó en el pasado. No obstante que los precios no han sido muy favorables. Básicamente es un asunto fiscal, quieren gastar más sacándole plata a la gente de los bolsillos”, expresó Guerra.
¿Impulsar el uso del bolívar?
En el chavismo se ha afirmado que con la reforma de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras se pretende recuperar la economía, dar mayor incentivo y confianza al uso del bolívar y que “el Estado reciba los dólares que se embolsillan los ricos y los grandes comerciantes”, como lo afirmó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de 2020.
Pero la norma no solo afecta a las grandes empresas, sino también al ciudadano común.
Guerra desestimó además que con la reforma se dé impulso al bolívar y recordó que las transacciones en moneda nacional se incrementan cuando la gente prefiere usarla, y eso está directamente vinculado a la inflación. “El venezolano no tiene bolívar actualmente, justamente por la hiperinflación que acabamos de sufrir, y no creo que esta medida vaya orientada a facilitar las transacciones en bolívares”, afirmó el diputado.
Una postura confiscatoria
El director de Olmos Group Venezuela expresó que el Ejecutivo nacional asume una postura confiscatoria al gravar las operaciones financieras en dólares y en criptomonedas, más allá de incentivar el uso del bolívar.
Los impuestos, subrayó, suponen un “golpe al bolsillo” de los venezolanos.
“Hay que reconocer que las divisas han solventado parte de los problemas de efectivo, de las reservas de valor y de los ahorros de todos en el país. También los criptoactivos, en cierta medida. Tomar esta decisión es tratar de privilegiar un medio de pago sobre otro”, expresó.
Riesgo de evasión fiscal
Olmos advirtió, sin embargo, que esto “se le puede devolver” al Ejecutivo nacional porque existe la posibilidad de que haya evasión fiscal porque la gente tiende a proteger el dinero bueno sobre el malo.
“Más allá de lo que los gobiernos puedan hacer o de lo que la propia economía pueda hacer, son las personas naturales y jurídicas quienes deciden con qué se quedan. Esto apenas comienza. Hay que esperar la publicación de la Gaceta Oficial y enterarse de qué manera esto se aplicará”, agregó.
Afirmó que existen otras formas de hacer que un país utilice su moneda de curso legal sobre otra, pero lo que sucede en Venezuela es que la política monetaria orientada a darle valor al bolívar ha sido ineficiente.
“Hay 3 reconversiones monetarias, 14 ceros menos. Eso nos habla de la ineficiencia en la política monetaria para darle valor al bolívar. Quizá se agotó la vía de seguir reconvirtiendo y entonces ahora gravarán las operaciones que se hagan con las monedas o medios de pagos distintos al bolívar. Hacerlo más costoso para que usen más la moneda de curso legal”, explicó.
Opinó que sin las divisas la economía no habría alcanzado cierto nivel de estabilidad. Con la ley se puede generar un efecto de evasión porque las personas van a preferir transar fuera de las vías formales para tratar de resguardar el poder de compra que tengan en monedas distintas al bolívar.
No es la forma correcta
El economista manifestó que esa no es la forma correcta de hacerlo porque si las autoridades quieren que el bolívar gane valor y que “la gente lo vea con buenos ojos”, en principio, deben hacer que se aprecie con respecto al tipo de cambio. Y la única forma de lograrlo es que se active el aparato productivo, se incremente la demanda interna y crezca el producto interno bruto.
“Hasta ahora la política económica no está orientada a reactivar el aparato productivo, sino a castigar el uso de otras monedas y esa no es la forma correcta de hacerlo porque vas a generar ausencia de control y aún más desarticulación del venezolano con su signo de curso legal”, criticó.
Olmos cree que el impuesto no necesariamente va a desincentivar el mercado que existe en Venezuela en divisas -no solo en dólares, sino en peso colombiano, real brasileño, euros, oro y los criptoactivos-.
“El nivel de distorsión monetaria es tan elevado que una herramienta como esta no necesariamente encarrilará toda la economía porque se necesita tener confianza en el ente emisor y en las políticas económicas”, manifestó.
“Entonces, por un lado tienes una ley de impuestos y notarías, que usa el petro como unidad de cuenta y que eleva todas las tasas -se va a recaudar más dinero por ahí-, y por otro lado tienes esta ley por ahí, con la que vas a gravar las operaciones en moneda extranjera, que ha sido lo único que le ha dado a las personas cierto nivel de estabilidad y de respiro. Pero también dices que vas a modificar el encaje legal y que vas a dar créditos en bolívares. Entonces la política económica tiene que estar enfocada al crecimiento del sector productivo sin castigar al consumidor final”, agregó Olmos.
El Nacional
