Marta Valiñas, Presidenta de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela destacó “El gobierno ha anunciado que tomará medidas para enfrentar la impunidad, aunque lo más importante es reconocer que existe un estado generalizado de impunidad, este es un avance positivo”.
Valiñas manifestó que “la falta de datos desglosados e información pública impide a esta FFM, determinar si los avances en casos anunciados por el Fiscal Saab son realmente positivos”.
En su presentación, la Presidenta de la Misión expresó su preocupación sobre el caso de la muerte de Rafael Acosta Arévalo “se dio una condena de 30 años a uno de los involucrados, anulando a la sentencia anterior, donde no se incluyeron casos de tortura”. Asimismo, reiteró que “la participación de las familias de las víctimas es necesaria para la justicia. Las familias de Albán y Acosta Arévalo han denunciado que esto no ha ocurrido”.
En este sentido manifestó que “Hasta los momentos, todas las sentencias involucran a funcionarios de bajos rangos, ninguna de los autores principales”.
Falta de atención médica a los presos
La Misión de Determinación de Hechos expresó en su informe presentado este viernes 18 de marzo su preocupación ante la falta de atención médica a los presos políticos. El informe destaca la carencia de atención médica para personas detenidas, “como el fallecido general Baduel y la de su hijo, quién se encuentra detenido”.
Asimismo, menciona a Emirlenes Benítez, quién fue sometida a tortura en la Dgcim de Boleíta, “no ha recibido debida atención médica y se encuentra postrada en una silla de ruedas”.
En este sentido destacó que “el año pasado se anunció un plan para abordar la existencia de fiscales provisionales, pero esta Misión notó que solo busca modificar a los fiscales en funciones. Es preocupante que personas mencionadas en nuestros informes no hayan recibido atención médica, a pesar de todas las solicitudes”.
Javier Tarazona, director de FundaRedes y el periodista venezolano, Roland Carreño también fueron mencionados, expresando su preocupación. “Sigue siendo preocupante las denuncias sobre los traslados a la Dgcim de Boleíta” destacando que Tarazona “ha sido víctima de tortura blanca”. En el caso del periodista manifestó que “también es preocupante, sigue detenido en El Helicoide, a pesar de las irregularidades en su caso resaltadas en nuestro informe pasado”.
La misión además mencionó estar preocupada por la situación de Orlando Moreno, quién luego de su liberación denunció ser víctima de tortura. “Su caso fue llevado a juicio. Nos preocupa que este sea un caso emblemático que muestre la falta de independencia del sistema judicial”.
“Esta Misión seguirá trabajando de forma independiente”
La Misión enfatizó que la vida cotidiana de los venezolanos sigue afectada. “Han soportado una década de profundización de una crisis y violación de DDHH, lo que se ha visto agravado por la pandemia”.
En este sentido recordó la situación que viven los venezolanos tras la llegada del gobierno de Nicolás Maduro, lo que ha generado que millones de personas hayan tenido que abandonar su tierra natal para mejores condiciones de vida. “Esta situación ha llevado la migración de 6 millones de personas”.
El informe detalla casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, cometidos por agentes estatales venezolanos desde 2014.
Concluyen que hay motivos razonables “para creer que algunas de las conductas descritas en ese informe constituyen crímenes de lesa humanidad”.
Con información de La Patilla
