Al cierre de 2020, el gobierno venezolano había efectuado más de 5.500 expropiaciones y confiscaciones directas.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) emitió un laudo que obliga al gobierno de Venezuela a pagar la suma de 1.629 millones de dólares como indemnización por la expropiación de los activos de la red de comercialización de insumos agropecuarios Agroisleña.
El laudo fue emitido el 23 de marzo como resultado del «proceso arbitral iniciado por el Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos en julio de 2016 contra la República Bolivariana de Venezuela (“Venezuela”), bajo el Acuerdo entre el Reino de España y Venezuela para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (“Acuerdo España-Venezuela”)».
A la suma estipulada como indemnización se suman los «intereses sobre la compensación concedida al tipo Libor aplicable a los depósitos a seis meses denominados en dólares estadounidenses más 4 puntos porcentuales, capitalizados anualmente desde el 4 de octubre de 2010 hasta la fecha en que Venezuela haya pagado íntegramente».
«El Tribunal CIADI determinó que la expropiación sin compensación por parte de Venezuela en octubre de 2010 de las inversiones del Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos en las sociedades venezolanas Agroisleña C.A., Insecticidas Internacionales C.A., Proyefa C.A. y Venezolana de Riego C.A., constituyó una violación del Acuerdo España-Venezuela«, señaló la información reportada por el grupo empresarial favorecido por el laudo.
De acuerdo con el registro que lleva el Observatorio de Gasto Público de Cedice-Libertad, la deuda consolidada del país como resultado de procesos de arbitraje supera los 30.000 millones de dólares, según cifras de 2021.
El reporte de Cedice-Libertad situó la deuda externa consolidada de la República y Pdvsa, incluyendo los procesos de arbitraje concluidos y en litigio, en alrededor de 162.000 millones de dólares.
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