Una verdadera ola de inconformidad se ha desatado con el reciente incremento del salario mínimo que fue superior a 1.700%; sin embargo, el rezago de las remuneraciones frente a la evolución de los precios parece ser mucho mayor, a pesar que el país tiene un semestre completo con variaciones inflacionarias inferiores a un dígito y ya voceros oficiales han anticipado que esta tendencia continuará en marzo.
El gobierno intentó dar una señal política de recuperación económica, con el aumento del salario, pero el efecto fue contraproducente, a tal punto que voceros oficialistas están generando la expectativa de que habrá un nuevo aumento en mayo, un escenario que, visto el comportamiento monetario del gobierno en el último año, parece poco probable, aunque no descartable.
Lo cierto es que el salario mínimo como base referencial para la estrategia de remuneración de cualquier empresa u organismo estatal quedó desfasado, por lo que la mejor vía para recomponer los salarios es a través de la negociación directa.
Así lo ha hecho el sector privado, donde las remuneraciones son ostensiblemente mayores, aunque tampoco se puede decir, en muchos casos, que compensan el avance de la inflación.
Sin embargo, el aumento del salario mínimo ha tenido un efecto importante –revelado por algunas empresas- de incremento de la presión por negociaciones de convenios en el sector privado, ante la percepción de que las cosas están mejorando.
Es importante abrir el debate sobre el mercado laboral, porque las empresas privadas –que han hecho el esfuerzo de mantenerse abiertas, proteger el empleo generado y de pagar mejor a sus empleados que el propio Estado- enfrentan riesgos relevantes ante las decisiones salariales que la realidad les ha impuesto.
La legislación laboral vigente es una espada de Damocles sobre las finanzas de las empresas, porque está planteado un escenario en el que las organizaciones deban enfrentar costosos pasivos laborales, por haber pagado bonos recurrentes en divisas, por ejemplo.
El mercado laboral –y hasta la definición parece excesiva- se ha informalizado a extremos nunca vistos y conceptos como prestaciones sociales, bonos vacacionales y otros beneficios se han ido extinguiendo en la medida en que, tanto patronos como trabajadores, han debido priorizar la subsistencia por encima del derecho.
Sin embargo, a pesar que las autoridades laborales parecen, por ahora, aplicar una estrategia de “dejar hacer” no cabe esperar que esa conducta sea eterna -especialmente si la presión política sube-, por lo que se debe, a través de un mecanismo de diálogo tripartito amplio y representativo, comenzar a trabajar en una estrategia de normalización del mercado progresiva, asumible, acordada y que ofrezca un marco claro para las partes, en función que los salarios suban en concordancia de la productividad de las empresas y el desempeño de la economía, en un contexto de control de la inflación.
Hemos visto una amplia lista de aspiraciones salariales entre los gremios. La mayoría persigue cubrir al menos una cesta básica de consumo. Parece evidente que el Estado no está en capacidad de satisfacer esas demandas sin desbaratar el orden macroeconómico que ha derrumbado la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, en consecuencia pensamos que son expectativas prácticamente imposibles de satisfacer.
En el sector privado la situación no es demasiado distinta, pues las empresas han debido desarrollar estrategias de gestión financiera muy ordenadas en aras de sobrevivir y mantener algún potencial de crecimiento. Después de años de contracción económica, la recuperación tiene un ciclo que será más prolongado en la medida en que la cuesta a escalar sea más profunda.
Ciertamente, en un contexto de crecimiento económico los retos son otros y las presiones por formalizar y ajustar variables son mayores. Todos quieren experimentar la mejoría de la que tanto se habla, por lo que las gerencias deben ser transparentes. Quizás, como nunca antes lo han sido.
El gobierno ha tropezado con su propia promesa de redención social. Podrá decir que las sanciones representan la principal causa de su incapacidad de satisfacer tantas demandas urgentes, pero lo cierto es que la mala gestión económica castiga, tarde o temprano, o más temprano que tarde.
Sin la proverbial renta abundante del petróleo, la Administración Pública ha intentado reivindicar la entidad del salario mínimo y ha convertido en ingreso legal los bonos de contingencia que venía entregando a su nómina de más de 5 millones de personas, sin contar a jubilados y pensionados.
Veremos, sin duda, muchas excusas y mecanismos coyunturales para justificar el incumplimiento de la promesa del salario digno.
