El gobierno peruano decretó un toque de queda este martes 5 de abril en la provincia de Lima y su vecina Callao en respuesta al paro de transportistas que cumple una semana y en el que cuatro personas han muerto y otras 20 han sido detenidas producto del recrudecimiento de las protestas.
Las protestas y bloqueos se originaron el pasado 28 de marzo en respuesta al alza de los precios del combustible. Iniciaron protagonizadas por los transportistas, pero luego se sumaron otros gremios de trabajadores.
Las restricciones comenzaron a las 2:00 de la madrugada de este martes y se extenderán hasta las 23:59 del mismo día.
«El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovibilidad ciudadana desde las 2:00 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del día martes 5 de abril para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales», dijo el presidente peruano, Pedro Castillo, en una alocución poco antes de la medianoche.
Además, decretó el estado de emergencia tanto en Lima como Callao, «suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito».
El anuncio sorprendió a los casi 10 millones de habitantes de Lima y a gran parte de la ciudadanía, ya que, al comunicarse, muchas personas ya descansaban.
Los exentos de la norma incluyen al personal de servicios de salud, agua, saneamiento, energía eléctrica, combustibles, telecomunicaciones, limpieza, servicios funerarios, transportes de carga y mercancías. Además, solo se permite la atención de las farmacias y el trabajo de la prensa debidamente acreditada, así como la movilización para la atención de urgencias médicas.
«Los trabajadores del sector público y privado realizan solo trabajo remoto, conforme a la normatividad de la materia», concluyó el presidente Castillo.
La medida generó rechazo de inmediato. La opositora María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, afirmó en Twitter que Castillo»no puede impedir el funcionamiento del Congreso» de acuerdo a la Constitución.
Incluso la congresista Sigrid Bazán, de la coalición Juntos por el Perú, habitual aliada del Gobierno, se dirigió al presidente para señalar que «siendo prácticamente la medianoche, no hace sentido una medida inacatable, que no responde solución alguna y que más bien va a afectar a todos los trabajadores que en breve madrugarán para sus actividades diarias».
La decisión del Ejecutivo se tomó en medio de una ola de rumores en redes sociales sobre posibles manifestaciones y saqueos en Lima durante este martes.
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