El Tribunal Permanente de los Pueblos juzgará este martes y mañana miércoles al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por crímenes de lesa humanidad durante la pandemia de covid-19 y sus ataques contra las minorías y la democracia en Brasil.
«Bolsonaro será juzgado por su impunidad en los últimos tres años», afirmó Paulo Sérgio Pinheiro, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Sao Paulo (USP).
Precisó que el exmilitar fue denunciado por «el Tribunal Supremo, por la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la pandemia (de Covid-19) y actúa y repite sus banderas de falta de respeto a los derechos de la población y tratando a la sociedad civil como su enemigo».
Recordó que el mandatario de tendencia ultraderechista perpetró «ataques contra la población, como su campaña antivacunas, en su aplazamiento de las vacunas, proponiendo medicamentos totalmente ineficaces» durante la crisis sanitaria que causó hasta la fecha cerca de 700 mil vidas perdidas en el país.
El juicio se celebrará simultáneamente en Roma (Italia), donde se encuentra la sede de la entidad, y en la Facultad de Derecho de la USP.
Fundada en 1979, esa corte es un órgano de opinión, sin efectos condenatorios desde el punto de vista jurídico, que examina casos relacionados con violaciones a partir de las denuncias de los autores de tales crímenes ante la opinión pública internacional.
El cuerpo de jurados lo integran 12 personalidades y un titular que escuchará la acusación, elaborada por la abogada y profesora Eloisa Machado, de la Fundación Getulio Vargas de Sao Paulo, y los testigos del caso.
La denuncia fue presentada por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns, la Internacional de Servicios Públicos, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil y la Coalición Negra por los Derechos.
«No hay mejor momento para celebrar este juicio sobre los crímenes cometidos por este gobierno, sus ministros y especialmente el presidente de la República», insistió Pinheiro.
El exministro de Derechos Humanos y miembro de la Comisión Arns apuntó que el Gobierno tendrá derecho a defenderse, pero aún no se sabe si el Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo) enviará algún representante.
Para el académico, las instituciones no funcionan en Brasil, lo cual ayuda a esta escalada hacia el golpe de Estado con el que sueña Bolsonaro.
Refirió que, en el orden internacional, todo resulta muy lento y existen cuatro denuncias contra Bolsonaro en la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos, pero las respuestas no emergerán en 2022.
«Así que resulta muy oportuno instalar este tribunal de opinión para compensar un lapso de tiempo tan amplio que consagra en el ámbito de su mandato una total impunidad», subrayó.
Prensa Latina
