La modificación del reglamento de extranjería, que el Gobierno español aprobó el 26 de julio y entró en vigor este lunes, 15 de agosto, flexibiliza los procesos para conceder autorizaciones de trabajo, y afecta tanto a inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular como a personas que pueden ser contratadas en el país de origen.
Para facilitar la incorporación al mercado de trabajo de quienes están en España se actualizan las figuras de arraigo laboral, social y familiar, así como la reagrupación familiar.
La reforma mejora la normativa para favorecer la permanencia de los estudiantes extranjeros en España, pues se les permitirá compaginar la formación con el trabajo, siempre que no se superen las 30 horas laborales semanales.
Límite al Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura
Cambia el diseño del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para contar con una imagen más exacta de las necesidades del mercado de trabajo, que se va a actualizar cada tres meses, aunque se supone que no no se podrá traer un trabajador extranjero si hay en España desempleados susceptibles de ser formados.
Muchos del cerca de medio millón de inmigrantes irregulares que algunas organizaciones estiman que hay en España proceden de América Latina. Pero el mercado laboral necesita que estos trabajadores de fuera de la Unión Europea (UE) lleguen al país y trabajen en él de forma «regular, ordenada y segura», en palabras del ministro español de Migraciones, José Luis Escrivá.
En junio pasado, los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social española eran 2,46 millones, el máximo histórico desde que se dispone de datos. El 34,8 por ciento son originarios de la UE y el resto proceden de países extracomuinitarios. Entre los latinoamericanos, los más numerosos son los colombianos (117.376) y los venezolanos (115.194).
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