«Queda demostrado que el fiscal Diego Luciani y Sergio Morla mintieron en el alegato final de acusación», afirmó la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, durante su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n.º 2 de la ciudad de Buenos Aires.
Acusada de ser la jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta durante sus mandatos, delitos por los que la Fiscalía pide 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Fernández tomó la palabra como abogada en representación de sí misma.
«Si no tuviera la suerte de ser abogada, estaría en un estado de indefensión frente al alegato del fiscal», sostuvo al mencionar el art. 104 del Código Procesal Penal que se lo permite.
En el marco de este expediente, en la que hay 13 personas encausadas, la vicepresidenta pidió que una vez finalicen las audiencias «se extraiga el testimonio de las mentiras de los fiscales» y se contrasten «con la prueba documental, pericial y testimonial que tuvo este juicio».
En esta causa, que investiga la concesión de 51 obras públicas al empresario Lázaro Báez, «estamos ante un claro caso de prevaricato, porque no solo los jueces tienen la obligación de buscar la verdad, sino también todos los auxiliares de la justicia y el Ministerio Público Fiscal», sentenció Cristina Fernández.
Fernández, que llevaba un rosario en el cuello, recordó que ninguna autoridad declaró inválidas las licitaciones concedidas en Santa Cruz, por lo que el juicio «no tenía andamiaje constitucional».
«Lo que no puede haber son actos que nunca nadie declaró inválidos ser refutados como plataforma fáctica de un delito», sentenció, Así lo reseña Sputnik.
Fernández hizo alusión al intento de asesinato del que fue víctima el 1 de septiembre, cuando un hombre, identificado como Fernando Sabag Montiel, gatilló a centímetros de su rostro un arma cargada con cinco balas, sin que saliera ningún proyectil.
«Yo pensaba que esto era para estigmatizarme, a mí y al peronismo, pero a partir del 1 de septiembre me di cuenta de que puede haber otra cosa más, aparte de todo esto, porque de repente es que desde el ámbito judicial se da licencia social para que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa», sostuvo.
La presidenta del Senado recordó también la vandalización que sufrió su despacho en la cámara alta en marzo, cuando fue apedreado desde el exterior y marcado con pintura roja durante una protesta contra el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Con información de www.vtv.gob.ve
