Fedecámaras Bolívar ve con preocupación el contenido del proyecto de Ordenanza de Caroní que propone la creación de una Solvencia Única Municipal como requisito para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a los servicios públicos que presta la alcaldía, así como la limitante que impediría a las empresas el cumplimiento de obligaciones tributarias relativas a declaraciones y pago de impuestos, para luego ser objeto de sanciones y el cierre de establecimientos de forma arbitraria.
La Solvencia Única Municipal sería exigida para realizar -entre otros trámites- la declaración o pago de los impuestos, contribuciones especiales o tasas municipales según las obligaciones del contribuyente; la expedición de conformidad de uso, o la solicitud de consulta de variables Urbanas Fundamentales.
En caso de que un ciudadano no esté solvente a criterio de la municipalidad, se le impediría al interesado los beneficios de los efectos jurídicos de los actos emanados de la Administración Pública Municipal, la paralización de cualquier solicitud, petición o trámite de un interesado, incluyendo pagos de cualquier naturaleza así como el retiro de erogaciones a su favor, la interrupción del lapso de prescripción de las obligaciones tributarias o sanciones administrativas del cual se pudiera beneficiar, el decaimiento de cualquier beneficio fiscal tales como exenciones, exoneraciones, rebajas y descuentos o incluso, la exigencia a cualquier funcionario Nacional, Estadal o Municipal paralizar el trámite que exija como requisito la validez y vigencia de algún documento municipal.
“Se establece en el proyecto de ordenanza que ningún funcionario público municipal tramitará petición, reclamación o recurso alguno ante cualquier ente de la alcaldía, si no va acompañado del respectivo certificado de Solvencia Única Municipal. Esto es un grave desacato al deber que tiene toda entidad pública de garantizar el derecho de petición que está previsto en el artículo 51 de la Constitución Nacional”, expresó el asesor de Fedecámaras Bolívar y especialista tributario, Camilo London.
La federación consideró que esta disposición normativa constituye “un exceso que atenta contra el derecho de los ciudadanos a los servicios públicos y el deber de atender el pago de sus tributos”. London resalta que puede ser un instrumento que deje al ciudadano indefenso para el reclamo por los cobros indebidos o excesivos en servicios públicos y exacciones fiscales. “La falta de solvencia implicaría acciones del ente municipal que significarían la pérdida de derechos ciudadanos y del ejercicio de los derechos económicos consagrados en la Constitución Nacional”, sostiene.
Ya en el municipio Caroní se ha establecido recientemente un arbitrario sistema electrónico de recaudación que incorpora deudas tributarias por el supuesto incumplimiento de obligaciones impositivas, omitiéndose la obligatoria notificación previa al contribuyente del acto administrativo que exige la ordenanza que rige al Impuesto sobre Actividades Económicas; y con ello se niega el derecho a los contribuyentes de su derecho a la defensa y al debido procedimiento administrativo.
London declaró que, en estos casos, el sistema electrónico asume que el contribuyente está insolvente de forma unilateral, sin seguir los procedimientos previstos en la ley, y por ello le niega al afectado la capacidad de realizar más declaraciones de impuesto. Este contexto termina afectando al municipio que deja de recaudar esos impuestos, forzando muchas veces a la informalidad de las empresas. Prensa Fedecámaras Bolívar – @Fedecámarasboli
