Alemania, Costa Rica y Panamá se han unido a la propuesta de España para establecer una «pausa precautoria» a la minería submarina en las negociaciones que se llevan a cabo desde el lunes en Kingston (Jamaica), donde se encuentra reunido el Consejo de la Autoridad Internacional del Fondo Marino (ISA, en inglés).
La reunión internacional se desarrolla en un momento crítico, en el que varios Estados pretenden forzar que se autorice el inicio de la explotación minera en el fondo marino en 2023, ha señalado a la Agencia EFE Joám Evans Pims, de Ecologistas en Acción y miembro de la internacional Coalición para la Conservación de los Fondos Marinos (Deep Sea Conservation Coalition-DSCC, en inglés) que se encuentra en Kingston siguiendo las negociaciones.
Según Evans Pims, el embajador de España y representante ante la Alta Autoridad para los Fondos Marinos, Diego Bermejo Romero de Terreros, recordó en su intervención que “el principio de precaución nos obliga a anticiparnos a los impactos negativos sobre el medio marino y sus consecuencias, como la pérdida de biodiversidad”, de modo que una pausa precautoria es necesaria “hasta que seamos capaces de garantizar una protección eficaz del medio marino”.
La posición de España es «importante» porque en 2023 pasará a formar parte del Consejo de la Alta Autoridad de los Fondos Marinos, «asumiendo una gran responsabilidad en un momento crucial en el que se adoptarán decisiones sin precedentes en términos de gravedad y potenciales impactos a escala planetaria».
En la sesión inaugural, «Alemania, Costa Rica y Panamá» se han sumado al llamamiento realizado por España en agosto pasado para establecer una “pausa precautoria” que ponga freno al avance de la minería submarina y la destrucción que ésta causaría, «tal como viene demandando Ecologistas en Acción y otras organizaciones ambientales», ha explicado Evans Pims.
En la misma posición que España están Alemania, Nueva Zelanda o Francia.
Según el miembro de Ecologistas, el embajador subrayó: «en un contexto de incertidumbre, mi delegación quiere expresar, una vez más, nuestra posición en el sentido de que la cláusula de los dos años no nos obliga a pasar a la fase de explotación si las condiciones ambientales no son las adecuadas y no sólo atendiendo a factores económicos o de mercado».
EFE
