Pedro Castillo, destituido presidente de Perú tras ser detenido este miércoles, ha sido trasladado a la prisión de Barbadillo, en el distrito limeño. Allí se encuentra recluido otro exmandatario, Alberto Fujimori, quien cumple su condena de 25 años de cárcel.
Castillo ha estado hasta hora en la sede de la Prefectura en Lima. Su traslado a la cárcel ha tenido lugar después de que la Fiscalía haya abierto diligencias por rebelión y conspiración tras las medidas del ya expresidente, que anunció que disolvía el Congreso, decretaba un gobierno de excepción y convocaba nuevas elecciones legislativas.
Entre el acoso de la derecha parlamentaria, la oligarquía peruana y abandonado por ministros y compañeros de partido, Castillo decretó el cierre de un Congreso que tenía previsto debatir un juicio político en su contra. El Tribunal Constitucional calificó la maniobra como «golpe de Estado» y Castillo fue destituido y detenido. Su número dos en el Gobierno, Dina Boluarte, ha jurado el cargo de presidenta y será la primera mujer que gobierne en Perú.
Mientras, la Fiscalía ha realizado varios operativos simultáneos, en el Palacio de Gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros y varios ministerios, en busca de pruebas contra el expresidente. El objetivo es «recabar elementos de convicción respecto a la investigación» por la presunta comisión del delito de rebelión, ha informado el Ministerio Público a través de Twitter.
Hasta la sede presidencial se han desplazado la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la fiscal superior Marita Barreto, quien coordina el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, acompañadas de varios agentes policiales. Según ha precisado el Ministerio Público, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán es quien dirige la diligencia en el Palacio de Gobierno, «donde se están lacrando documentos y algunos equipos de cómputo, como parte de la investigación».
A pesar de los intentos de Castillo por parar el pleno del Congreso sobre su destitución, la votación fue aprobado por 101 de los 130 diputados que integran el hemiciclo peruano. Tras ser destituido, Castillo fue detenido en un operativo supervisado por la fiscal general, quien horas antes ya había condenado la decisión del ahora exjefe de Estado, la cual calificó de «quebrantamiento del orden constitucional».
Con la apertura de la nueva investigación preliminar, ya son siete las diligencias abiertas por la Fiscalía general contra Castillo, quien entre otros delitos está acusado de presuntamente encabezar una supuesta organización criminal durante su mandato para obtener dinero ilícito de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
Investigación preliminar
La Fiscalía de la Nación (general) de Perú dispuso este miércoles iniciar diligencias preliminares contra el expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración, tras el anuncio del cierre del Congreso y la instauración de un «gobierno de emergencia» en su país.
«La Fiscalía de la Nación dispone iniciar diligencias preliminares contra Pedro Castillo, en su condición de presidente, por la presunta comisión del delito contra los poderes de Estado y orden constitucional, modalidad de rebelión, en agravio del Estado», escribió el Ministerio Público en Twitter.
Inmediatamente después, agregó que la investigación también se extiende a «la presunta comisión de los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración, en agravio del Estado».
El Ministerio Público anunció el inicio de estas pesquisas preliminares mientras Castillo permanece detenido en la Prefectura de Lima por presuntamente «quebrantar el orden constitucional», después de dictar esta mañana el cierre temporal del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional.
El exmandatario hizo este anuncio horas antes de que el Congreso debatiera un tercer pedido de destitución en su contra, que finalmente fue aprobado por 101 de los 130 legisladores que integran el hemiciclo peruano.
La medida, percibida mayoritariamente como un golpe de Estado, no obtuvo el aval de la mayoría de los ahora exintegrantes de su Gobierno, ni tampoco de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.
Tras ser destituido por el Legislativo, Castillo fue detenido en un operativo supervisado por la fiscal general, Patricia Benavides, quien horas antes ya había condenado la decisión del ahora exjefe de Estado, la cual calificó de «quebrantamiento del orden constitucional».
Con información de www.globovision.com
