Este miércoles durante la XXII Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba-TCP), celebrada a puerta cerrada en el Palacio de La Revolución en La Habana, Cuba, la organización denunció la detención arbitraria del presidente de Perú, Pedro Castillo, por parte de los agentes policiales que debían resguardar su integridad como un golpe de Estado.
La posición de la alianza latinocaribeña alega que no hubo una orden judicial contra Castillo al momento de su arresto el día 7 de diciembre pasado cuando fue vacado, coincidiendo con los argumentos presentados por la defensa del mandatario, exigiendo su excarcelación de la prisión preventiva ordenada por un juez mientras se prepara un caso en contra de Castillo bajo acusaciones de rebelión, después de que, el ahora exmandatario, leyera un decreto en el que cerraba temporalmente el Congreso, llamaba a elecciones generales incluyendo una asamblea constituyente; convocaba un Gobierno de excepción y decretaba toque de queda esa noche y la madrugada del día siguiente, pero tal decreto no tuvo respuesta de las Fuerzas Armadas de Perú.
Asimismo, los países que conforman el Alba-TCP, a través de un comunicado conjunto, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México repudiaron los recientes acontecimientos políticos en Perú que culminaron con la detención de Castillo, violando la voluntad popular que lo eligió como presidente el pasado 28 de julio del 2021.
Pedro Castillo, antes de ser arrestado, fue revocado de su cargo por el Parlamento peruano en un proceso legislativo que señalan de contrario a la voluntad del pueblo que se expresó en las urnas y lo escogió como mandatario. Partidos peruanos señalan a la mayoría parlamentaria que vacó a Castillo como racista y destacan, coincidiendo con los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México, que hubo una persecución contra el jefe de Estado desde antes de su juramentación por parte de las oligarquías y la derecha extrema que no pretendían permitir el mandato de alguien ajeno a sus círculos de poder.
Xiomara Castro, presidenta de Honduras, y los expresidentes de Honduras, Manuel Zelaya y de Bolivia, Evo Morales, también denunciaron como un golpe de Estado el arresto de Castillo en Perú.
También otra de las posiciones de un gobierno regional, previa a la declaración del Alba-TCP, es la del mexicano, presidido por Andrés Manuel López Obrador, expresó que «se debe respetar la voluntad del pueblo (peruano) que lo eligió (a Pedro Castillo)», indicó López Obrador.
Agregó que «(Castillo) ganó democráticamente y que no se le puede destituir» y enfatizó en que «Eso (de la vacancia contra el presidente por parte del Parlamento), de origen, aunque esté en la Constitución peruana tiene un problema, una falla antidemocrática de origen», dijo.
Este miércoles se expiraba la prisión preventiva de 10 días de Castillo, por tanto, las autoridades que lo mantienen cautivo solicitaron 48 horas de prórroga para preparar un petitorio que evite por 18 meses la excarcelación del exmandatario.
Con información de www.globovision.com
