El Gobierno neerlandés convocó este jueves al embajador iraní ante Países Bajos para pedirle explicaciones por la situación de los derechos humanos en Irán, tras la ejecución de manifestantes que participaron en protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini, detenida por la policía de la moral por llevar «mal» puesto el velo en septiembre.
El ministro neerlandés de Exteriores, Wopke Hoekstra, busca explicaciones de la represión en el país tras la ejecución de dos personas por su participación en las protestas que sacuden la República Islámica de Irán, inicialmente contra la muerte de Mahsa Amini y ahora incluso pidiendo el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.
Esta decisión de Hoekstra llega un día después de que el Parlamento neerlandés haya adoptado una moción en la que se exigía al Gobierno convocar al embajador para expresarle que es “absolutamente inaceptable” que se estén reprimiendo las protestas contra el régimen de Teherán.
Tras casi tres meses de movilizaciones, más de 400 muertos y miles de detenidos, las autoridades han comenzado a ejecutar a manifestantes para tratar de controlar unas movilizaciones protagonizadas sobre todo por jóvenes y mujeres, que piden más libertades.
El 8 de diciembre, fue ejecutado un joven de 23 años, Mohsen Shekari, la primera ejecución de una persona por participar en las protestas. Cuatro días más tarde, fue ahorcado públicamente Majid Reza Rahnavard, también de 23 años, por el presunto asesinato de dos milicianos islámicos, tras ser condenado en un juicio de un día por «enemistad contra dios».
La ejecución pública es un procedimiento que había caído en desuso en los últimos años en Irán en un intento por mejorar la imagen del país, uno de los principales del mundo en la aplicación de la pena de muerte, con 314 ejecuciones -la mayoría por delitos de drogas- en 2021, según Amnistía Internacional.
Ambas ejecuciones provocaron un aluvión de críticas a Teherán y ahora se teme por la vida de otros nueve presos que han sido condenados a la pena máxima, la mayoría por «enemistad contra dios», lo que incluye crear el terror entre la población, dañar bienes públicos y herir o matar a agentes de seguridad. EFE
