Las protestas que exigen la renuncia de la presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, y la celebración inmediata de elecciones generales, no se detienen en Perú.
Durante las movilizaciones de este domingo en Arequipa, se registraron enfrentamientos entre ciudadanos y miembros de las fuerzas del orden tras el arresto de dos manifestantes.
De acuerdo con medios locales, los manifestantes —que portaban cócteles molotov, piedras y objetos contundentes para poder ingresar en la comisaría de La Joya con el propósito de liberar a sus compañeros— intentaron incendiar las instalaciones, pero los oficiales lograron dispersar a los atacantes utilizando escudos y bombas lacrimógenas.
Al menos cuatro ciudadanos fueron evacuados a un centro de salud, precisó un testigo al diario La República, y agregó que en el enfrentamiento también estaban involucrados militares que hicieron «disparos al aire».
En la región de Puno, en el sur del país, también continúan los actos de violencia, que en los últimos días han pasado de tomas de aeropuertos a la quema de instituciones públicas. Entre los edificios afectados se encuentra una comisaría, sedes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Superintendencia Nacional de Migraciones, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria y hasta bancos.
Se reporta que el ataque en el sector de Kasani, a pocos metros de la frontera con Bolivia, ocurrió debido a los 23 fallecidos y decenas de heridos que dejaron los enfrentamientos con las fuerzas del orden. Los manifestantes rodearon la comisaría y lanzaron piedras con el objetivo de destruirlo todo.
Mientras, siguen las manifestaciones en Lima donde las personas marchan con banderas y pancartas que exigen el adelanto de las elecciones y el cierre del Congreso.
Por su parte, la empresa minera Antapaccay ha emitido un comunicado anunciando la paralización temporal de sus operaciones debido al riesgo de que el campamento sea atacado nuevamente. Previamente un grupo de manifestantes irrumpió el viernes en la mina, ubicada en la provincia de Espinar, región de Cusco, para detener sus actividades.
En este contexto, Antapaccay instó a las dirigencias sociales a establecer un diálogo con las autoridades nacionales para poner fin a la mortífera ola de violencia que sacude a Perú.
Mientras tanto, en la tarde de este domingo, el Ministerio Público del país anunció a través de un comunicado la liberación de 192 personas. Sin embargo, un ciudadano quedará detenido por tener requisitoria, detalló el Ministerio. Se trata de los detenidos el sábado en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en Lima, donde los agentes acudieron tras una «denuncia por agresiones» de la propia institución, que luego condenó el «abuso de autoridad» de la Policía.
Con información de www.globovision.com
