La Directora de la organización social Sures, María Lucrecia Hernández, señaló que reunieron, a lo largo de 6 años, información sobre la aplicación de sanciones y la incidencia sobre el aumento del flujo migratorio venezolano.
«Hemos pedido hacer una presentación al Alto comisionado sobre el impacto que han tenido las sanciones sobre los derechos humanos del pueblo venezolano (…) Es importante que en los informes que se produzcan sobre Venezuela se visibilice el impacto de las medidas coercitivas», dijo.
Según su estudio, hay 171 empresas afectadas por las sanciones estadounidenses. Esta cifra reúne a corporaciones nacionales y otras extrajeras que tenían relaciones comerciales directas con Venezuela.
Agregó que las sanciones incidieron sobre 50 % del acceso a medicamentos y alimentos en el país.
Indicó que otro de los objetivos es lograr que a través de los programas de la ONU se garantice una migración ordenada y segura de los venezolanos.
Destacó que también piden mayor facilidad para el retorno de los connacionales a través de los programas de movilidad administrados por Naciones Unidas.
Con información de unionradio.net
