Tras las protestas poselectorales, ciudadanos han denunciado un aumento en la práctica de verificación ilegal de teléfonos en operativos policiales en las avenidas y calles públicas de Venezuela.
La Constitución venezolana establece la intervención de las comunicaciones privadas como un procedimiento legal, bajo cierto parámetro, por lo que la inspección de un equipo electrónico o celular sin una orden de un tribunal que lo justifique se considera un delito.
El artículo 48 de la Carta Magna establece que: «Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso».
La inviolabilidad de las comunicaciones privadas constituye un derecho humano fundamental, cuyo fin es proteger al sujeto de cualquier intromisión proveniente de particulares, funcionarios, autoridades.
Saúl Blanco, abogado de Espacio Público, reiteró para El Diario que la Constitución dispone de la intervención de las comunicaciones, pero de hacerse, debe ser autorizada por el tribunal competente. De lo contrario, se incurriría en un delito que va en contra de las leyes venezolanas.
Blanco resaltó que para que la práctica sea legítima, no constitutiva de delito, debe ser realizada por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, con el objetivo de identificar a los autores de un hecho.
Advirtió que cualquier particular que interfieran o intercepte comunicaciones sin la debida autorización incurrirá en un delito y estará sujeto a sanciones legales.
Con información EL DIARIO
