El Observatorio Venezolano Antibloqueo (OVA) registró la Medida Coercitiva Unilateral (MCU) número 931 impuesta contra Venezuela, al sumar la incautación ilegal, por parte de Estados Unidos (EE.UU.), del avión que prestaba servicios de transporte a la República que se encontraba en República Dominicana.
La acción contra el “avión Dassault Falcon 900EX número T7-ESPRT, que se encontraba en territorio de la República Dominicana”, fue registrada como la MCU número 931 impuesta a la nación desde diciembre de 2014, refiere un detallado informe del OVA publicado este viernes.
Indicó, también, que la medida se adoptó “en un contexto opaco, de judicialización y politización del caso”, porque la administración estadounidense de Biden-Harris “aún no ha identificado a las personas naturales o jurídicas estadounidenses sancionadas, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. La OFAC aún no ha publicado los nombres en su listado de entidades especialmente designadas ni los datos de la aeronave aparecen en dicho listado, identificando a ésta como un activo sancionado”.
Judicialización del caso
El Observatorio Antibloqueo señaló que, en lugar de utilizar los procedimientos sancionatorios derivados de las propias órdenes ejecutivas, “esta vez el Gobierno de EEUU judicializó el caso, involucró a funcionarios del Departamento de Justicia, quienes ordenaron la incautación y el envío de la aeronave a su territorio”.
“Las agencias internacionales y otros medios presentaron el caso ante la opinión pública como la captura ‘del avión de Nicolás Maduro’ en una obvia operación de desinformación para desviar el foco del hecho principal: la expropiación de una aeronave privada y la amenaza sobre el sector aeronáutico en la región”, detalló el informe.
Mensaje político
El OVA, ente que lleva un registro de cada MCU impuesta contra la nación bolivariana desde el año 2014, afirmó que el despojo del avión busca “atemorizar al sector aeronáutico para que evite mantener relaciones comerciales con Venezuela, aun si éstas no involucran directamente al Presidente o a funcionarios de su Gobierno”.
Este efecto es lo que la relatora de la ONU sobre MCU, Alena Douhan, ha calificado como el sobrecumplimiento o “exceso en el cumplimiento de una sanción”. Al afectar operaciones y activos privados se busca generar temor por “exposición al riesgo” para bloquear indirectamente operaciones comerciales normales con Venezuela.
Con información de ÚN.
