En territorio boliviano, los incendios forestales han consumido más de 10 millones de hectáreas durante el año en curso, de las cuales más de la mitad corresponden a los bosques vírgenes y, de acuerdo a las autoridades, la mayoría de estos eventos fueron provocados intencionalmente y, lamentablemente, quedarán de nuevo sin sanción, debido a que las leyes de la nación andina no consideran estos actos como delitos penales.
Hasta la fecha, los funcionarios informaron que se han detenido a más de 800 personas en flagrancia por provocar incendios en áreas rurales. Sin embargo, la mayoría de ellos se encuentra en libertad o la recuperarán en los próximos días, dado que el incendio forestal no es clasificado como un delito según la legislación boliviana, sino que está catalogado como una infracción menor.
Por otra parte, el esfuerzo del Gobierno para que este crimen sea tipificado como delito penal ni siquiera ha sido considerado por la Asamblea Legislativa, de gran mayoría por la oposición del país, los cuales han intentado obstaculizar la gestión del poder Ejecutivo. En una primera instancia, se detuvo preventivamente a seis personas relacionadas con estos actos incendiarios; no obstante, dado que el Código Penal no normaliza estas acciones como crímenes, serán liberadas.
El pasado 30 de septiembre, el Gobierno de Bolivia aprobó el decreto supremo que declara “desastre nacional” por la magnitud de los incendios forestales y hace un mes rige una “pausa ambiental” que supone la suspensión de las quemas controladas para la siembra y el pastoreo.
Con información Prensa Latina
