La Cámara Federal de Casación de Argentina confirmó este miércoles la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por delitos de corrupción.
Este es el fallo de segunda instancia que enfrenta la exmandataria, a quien ya solo le queda la alternativa de apelar ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de revertir una sentencia histórica que complica su futuro político.
«La ‘Causa Vialidad’ empezó como un show y va a terminar de la misma manera (…) no existió ni una sola prueba en mi contra», advirtió Fernández de Kirchner la víspera, a sabiendas de que el tribunal rechazaría su demanda de anular la condena.
El único objetivo del proceso, agregó, es que nunca más vuelva a ocupar cargos públicos. «Lisa y llanamente proscripción de por vida», afirmó en una carta en la que calificó al juicio como «un zafarrancho» del «partido judicial» que en toda América Latina ha perseguido a líderes de gobiernos populares, nacionales y democráticos como Luiz Inacio Lula da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador).
«Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder», aseguró al rechazar las imputaciones en su contra y adjudicarlas a una persecución.
La condena de Casación solo se hará efectiva si es ratificada por la Corte Suprema, el máximo órgano de justicia que suele demorar años en este tipo de fallos. Por eso, Fernández de Kirchner no corre peligro de ser detenida de inmediato, además de que, si así lo desea, se podrá postular en las elecciones legislativas de 2025. En el peor de los casos, cumpliría prisión domiciliaria, ya que es un beneficio que obtienen las personas mayores de 70 años.
La causa
La expresidenta fue condenada el 6 de diciembre de 2022, al término de un juicio que duró tres años y medio, en el que hubo 13 imputados, más de 100 testigos y varios escándalos y denuncias de parcialidad por parte de los funcionarios judiciales.
En ese proceso, los fiscales pidieron una pena de 12 años, pero los jueces consideraron que bastaba la mitad, ya que la absolvieron por el delito de «asociación ilícita» y solo la consideraron culpable de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
Todo ello ocurrió en el marco de lo que la prensa bautizó como causa ‘Vialidad’, en la que se acusó a Fernández de Kirchner de haber encabezado una asociación ilícita que, durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), favoreció con millonarios fondos de obras públicas al empresario Lázaro Báez, quien era amigo y socio de la pareja.
En el juicio, además de Fernández de Kirchner y de Báez, hubo otros 11 acusados, de los cuales cuatro fueron absueltos: el exministro de Planificación, Julio De Vido; los exsubsecretarios de Obras Públicas, Abel Fatala y Carlos Kirchner; y el exfuncionario de Vialidad, Héctor Garro.
Con información Actualidad RT
