La ONG Acceso a la Justicia cuestionó que la Asamblea Nacional (AN) mantiene práctica de sancionar leyes y no publicarlas en Gaceta Oficial al asegurar que están pendientes cuatro de las 17 aprobadas en 2024 y 11 en los cinco años de gestión de este Parlamento.
Para la organización no gubernamental, los instrumentos han quedado en el limbo. Destacó que no se ha cumplido con el último trámite para considerarlas vigentes: su publicación en la Gaceta Oficial.
El número de textos que no han aparecido en la Gaceta Oficial representa 23,5 % del total. Reconoció que la cifra es una mejora respecto al año anterior, cuando el porcentaje de instrumentos sin publicar ascendió a 28,57 %.
“Lo cierto es que esta irregular práctica parece estar lejos de desaparecer”, apuntó.
Acceso a la Justicia subrayó que hasta el momento el Parlamento ha dictado 90 instrumentos desde que se instaló en 2021. Sin embargo, enfatizó que en 11 de ellos no se ha cumplido el formalismo antes mencionado (12,22 %), reseña Tal Cual.
“La publicación de las leyes en la Gaceta Oficial no es cualquier trámite. Así lo deja en claro el artículo 215 de la Constitución de 1999, el cual establece que ‘la Ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente cúmplase en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”, recordó.
Al mismo tiempo, citó el artículo 1 del Código Civil que establece: “la Ley es obligatoria desde su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha a posterior que ella misma indique”.
Añadió que la Ley de Publicaciones Oficiales, en su artículo 10 señala que “las leyes y demás actos jurídicos del Estado de efectos generales entrarán en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela».
La indagación de Acceso a la Justicia evidenció que entre los textos sancionados en 2024 cuya suerte se desconoce, figuran las leyes de Presupuesto Anual de la Nación para el Ejercicio Económico Financiero 2025, de Endeudamiento Complementario para 2024 y de Endeudamiento 2025.
“Los textos son de gran trascendencia e impacto para los ciudadanos, pues prevén los fondos que el Estado destinará a servicios básicos como la educación, la salud, la seguridad social y el pago de pensiones o jubilaciones, así como a inversiones en infraestructuras”, sostuvo.
Otra ley aprobada en 2024 y cuyo contenido es un misterio es la reforma de la Ley Orgánica de Comunas.
La situación, “impide contrastar las palabras del presidente de la AN, Jorge Rodríguez, quién al hacer balance sobre la gestión de 2024, aseguró que la reforma busca ajustarse a los ‘nuevos tiempos”.
Agregó que se desconoce el destino de leyes aprobadas por el Parlamento en años anteriores, entre ellas la Ley Especial de Trabajadoras y Trabajadores a Domicilio aprobada en 2022 y la Ley Especial de las Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas aprobada en 2023; aunado a las leyes de presupuesto previas.
Acceso a la Justicia alertó que la persistencia de la práctica de no publicar en Gaceta Oficial las leyes que aprueba la AN refuerza la situación de indefensión e inseguridad jurídica en la que se encuentran los venezolanos, puesto que hay incertidumbre respecto a si todos los instrumentos aprobados por los diputados están en vigor o no.
“Esta irregularidad es otro ejemplo de la ruptura institucional en Venezuela, causa de la emergencia humanitaria compleja que afecta al país desde hace casi una década”, recalcó.
Pese a que el número de leyes cuya situación legal se desconoce es menor en 2024 respecto a años anteriores, mencionó la ONG, “lo cierto es que esta práctica no termina de desaparecer y parece formar parte de la opacidad estructural que invade a la gestión del Estado venezolano”.
Con información de EI.