Jueces en Texas y Nueva York dijeron que impedirían temporalmente que el gobierno estadounidense deportara a un grupo de venezolanos encarcelados en esos dos estados, mientras sus abogados impugnan el uso por parte de la administración Trump de una ley raramente invocada que permite a los presidentes encarcelar y deportar a no ciudadanos en tiempos de guerra.
Los jueces actuaron después de que abogados de derechos civiles buscaran proteger a cinco hombres identificados por el gobierno como pertenecientes a la extinta banda criminal Tren de Aragua, una afirmación que sus abogados disputan. Pero los jueces declararon que algunos otros en sus distritos judiciales en situaciones similares también estarían protegidos de las deportaciones basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros.
Las acciones judiciales fueron las primeras en ocurrir después de que la Corte Suprema estadounidense dictaminara el lunes que la administración puede reanudar las deportaciones, pero los deportados deben tener algún debido proceso antes de ser enviados, incluyendo un tiempo razonable para argumentar ante un juez que no deben ser deportados.
El fallo no abordó la constitucionalidad de la ley. La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) está pidiendo al juez en Texas que decida si es legal usar la Ley de Enemigos Extranjeros.
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