El pasado 20 de mayo entró en vigor el nuevo reglamento de extranjería en España, con el que el Gobierno prevé regularizar a unas 900.000 personas en los próximos tres años. Entre los posibles beneficiados hay 66.134 venezolanos.
Sin embargo, esta medida despertó un gran rechazo por los posibles riesgos que entraña para colectivos como los solicitantes de asilo, muchos de ellos de América Latina, o la infancia.
El Gobierno lo presenta como una ambiciosa reforma que, después de 13 años y bajo una perspectiva de defensa de los derechos humanos, da respuesta a la realidad migratoria actual, adaptando la normativa europea en la materia.
Una de sus novedades más importantes es que se reconfigura la figura del arraigo en cinco tipos: social, sociolaboral, socioformativo, de segunda oportunidad y familia. Además, reduce de tres a dos años el tiempo de permanencia en España necesario para acceder a ella.
También se crea una autorización de residencia para familiares de ciudadanos españoles con el fin de mejorar la figura de la reagrupación familiar, a través de una ampliación de su cobertura, por ejemplo, al extender la edad de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años.
Entre sus puntos positivos, el nuevo reglamento establece que todas las autorizaciones iniciales serán de un año y las renovaciones de cuatro, con el fin de evitar situaciones de irregularidad sobrevenida.
Y las personas que vengan a España para cursar sus estudios contarán con una autorización de estancia inicial que dure el mismo tiempo que su formación y se les facilitará una vía rápida para poder enlazarla con una de trabajo cuando acaben los estudios.
Con información Diario Primicia
