La Juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, emitirá este lunes el sentido del fallo en el juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. Esta audiencia no busca dictar una sentencia definitiva, sino determinar si la corte considera a Uribe culpable o inocente.
Este caso marca un precedente histórico en la justicia colombiana, siendo la primera vez que un exmandatario enfrenta un juicio penal con la posibilidad de una condena. El proceso se inició hace 13 años, a raíz de acusaciones que vinculaban al expresidente con grupos paramilitares.
Tras la exposición del sentido del fallo, la juez permitirá que la Fiscalía, las víctimas y la defensa presenten sus argumentos sobre la posible pena para Uribe. Una vez que se emita la sentencia completa, existirá un plazo de cinco días para apelar la decisión.
Jaime Granados, uno de los abogados de Uribe, ha manifestado que su defendido, independientemente del resultado del dictamen, no irá a la cárcel, argumentando la ausencia de pruebas y testigos que sustenten los cargos. Adicionalmente, si no se emite un fallo en segunda instancia antes de octubre, el caso prescribirá y se cerrará sin condena.
Durante el juicio, más de 35 testigos de la Fiscalía y unos 40 de la defensa participaron en las audiencias. Se presentaron una gran cantidad de pruebas, incluyendo interceptaciones, documentos, videos y declaraciones.
Detalles de las acusaciones
La Fiscalía General de la Nación acusó a Uribe, en mayo de 2024 de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. Los hechos se remontan a 2012-2014, cuando el senador Iván Cepeda, presentó testimonios de exparamilitares que afirmaban haberse reunido con Uribe durante su periodo como gobernador de Antioquia. En respuesta, el expresidente denunció a Cepeda ante la Corte Suprema por calumnia, fraude procesal y abuso de función pública.
Posteriormente, en 2018, el tribunal encontró indicios de que Uribe habría intentado manipular testimonios para incriminar a Cepeda, lo que llevó a su condena a arresto domiciliario en 2020. En ese momento, Uribe, se desempeñaba como senador y renunció a su cargo.
Finalmente, el año pasado, el exmandatario fue llamado a juicio, acusado de soborno a testigos, fraude procesal y un nuevo cargo por soborno. Desde febrero de este año, el caso ha estado bajo constante monitoreo debido a la prescripción.
Expertos subrayan la relevancia de este caso no solo por su resultado judicial, sino también por el impacto político que podría generar en Colombia. La imagen de Uribe, una figura prominente en la derecha del país, se ha visto afectada, lo que podría influir en la próxima contienda electoral.
Con información de agencias
