La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió en La Haya con el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang, para abordar el estado de los dos casos abiertos contra la nación.
Durante el encuentro, Venezuela consignó un estudio de la reconocida revista médica The Lancet, que detalla el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en la salud de la población venezolana.
El estudio, que analizó a 152 países, reveló que las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países occidentales son responsables de la muerte de más de 564.000 personas anualmente. La vicepresidenta Rodríguez destacó que esta cifra afecta de forma desproporcionada a niños menores de cinco años y a adultos mayores, y la comparó con la tasa de mortalidad anual por conflictos armados. Rodríguez expresó su inquietud por la lentitud en el avance de este caso, conocido como Venezuela II, el cual se inició hace más de cinco años.
Disposición a cooperar con la CPI
En la reunión, también se discutió el caso Venezuela I. La vicepresidenta ratificó la postura de su país de que no se han cometido crímenes tipificados en el Estatuto de Roma. Además, reiteró la disposición del gobierno de continuar la cooperación con la CPI, siempre y cuando se respete la primacía de la jurisdicción nacional.
Rodríguez, también aprovechó la oportunidad para elogiar la labor de los organismos de seguridad venezolanos, a los que calificó de «responsables y profesionales» en su función de defender la paz y proteger los derechos de la población.
Con información de agencias
