La Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Perú condenó este jueves al expresidente Pedro Castillo Terrones a 11 años, 11 meses y 15 días de pena privativa de la libertad por el delito de conspiración para una rebelión.
La sentencia se dictó en relación con el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando el exmandatario intentó disolver inconstitucionalmente el Congreso de la República.
Detalles de la sentencia
La decisión de la Sala Penal Especial, presidida por José Antonio Neyra Flores, y con la participación de la jueza suprema Norma Beatriz Carbajal Chávez, se produjo luego de que la Fiscalía de la Nación modificara su pedido de 34 años de cárcel.
La Sala determinó que no se produjo el delito de rebelión, al no haberse configurado un alzamiento armado. En su lugar, se consideró una tentativa de conspiración liderada por altas autoridades para suprimir el régimen constitucional.
Castillo fue absuelto de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La jueza Carbajal Chávez señaló que el intento de disolución del Congreso fue un acto inconstitucional, ya que no cumplió con los procedimientos establecidos, buscando «suprimir el régimen constitucional».
El presidente de la Sala, José Antonio Neyra Flores, mencionó que el exdignatario «intentó huir a la embajada de México» buscando «impunidad» tras su mensaje a la nación. Castillo ya acumula 18 meses de prisión preventiva, plazo que fue prorrogado por 18 meses adicionales.
Condenas a coimputados
En la misma sentencia, los exintegrantes del Consejo de Ministros que acompañaron a Castillo en el intento de golpe también fueron sentenciados:
Betssy Chávez: Sentenciada a 11 años, 11 meses y 15 días de prisión. La exfuncionaria se encuentra actualmente asilada en la Embajada de México en Lima.
Aníbal Torres: Condenado a 6 años y 8 meses de prisión, recibiendo una pena menor debido a su edad (más de 80 años).
Contexto político adicional
La sentencia penal se suma a un proceso paralelo en el Congreso. Previamente, la Comisión Permanente del Parlamento aprobó el martes un informe final que recomienda inhabilitar a Pedro Castillo de la función pública por 10 años. La decisión final sobre esta inhabilitación deberá ser tomada próximamente por el pleno del Legislativo.
El 7 de diciembre de 2022 marcó el fin del gobierno de Castillo (2021-2022), quien trató de disolver el Congreso antes de enfrentar una tercera moción de vacancia. La orden fue desacatada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que la calificaron como un «acto contrario al orden constitucional establecido».
Con información de agencias
