El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha fijado su enérgica posición de rechazo ante la decisión adoptada por un tribunal estadounidense en el procedimiento judicial que busca la «venta forzosa» de la empresa Citgo, un valioso activo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en territorio norteamericano.
Mediante un comunicado oficial leído por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, el Gobierno denunció que este acto constituye un «vulgar y bárbaro despojo» de un activo venezolano. La decisión se ejecuta «en conchupancia con sectores extremistas venezolanos» al servicio del Gobierno de EEUU y en perjuicio de los intereses de Venezuela y sus entidades.
Denuncia de proceso fraudulento y tráfico de influencias
La vicepresidenta señaló que Washington pretende despojar a la nación de Citgo mediante la instrumentalización de un procedimiento judicial claramente alegal, calificándolo de fraudulento.
El documento oficial subraya que, gracias al tráfico de influencias de la Administración de Donald Trump sobre los tribunales de ese país, se ha excluido intencional e ilegalmente a Venezuela y PDVSA del proceso, negándoles el derecho a la defensa bajo la excusa de desconocer al legítimo Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Agresión multiforme y complicidad de sectores extremos
El Gobierno nacional cataloga este nuevo episodio como una «agresión multiforme» que se disputa desde EEUU.
Además, acusa de complicidad a un grupo de actores políticos, incluyendo a María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio, José Ignacio Hernández y la autodenominada «Asamblea Nacional de 2015».
Señala el comunicado que estos sectores han pretendido usurpar la representación de Venezuela y sus entidades en el extranjero, dejando a la nación «sin defensa alguna» ante este «robo».
Desconocimiento de la venta forzosa y acciones judiciales
El Gobierno venezolano reitera que no reconoce ni reconocerá la «venta forzosa» de Citgo, pues esta se adelanta en «flagrante desprecio de las garantías y libertades económicas, el debido proceso y el derecho a la defensa» garantizado por cualquier nación civilizada.
Finalmente, el Estado venezolano advierte que cuenta con las leyes e instituciones pertinentes para llevar ante la justicia a quienes facilitaron este despojo, el cual constituye una «acción apátrida y criminal».
Con información de agencias
