El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo este martes un encuentro en el Palacio de la Moncloa con los familiares de varios ciudadanos españoles actualmente detenidos en Venezuela.
Durante la reunión, el jefe del Ejecutivo trasladó su solidaridad a las familias y aseguró que el Gobierno continuará gestionando «a todos los niveles» la liberación y pronta repatriación de los afectados.
El Ejecutivo español considera que estas detenciones carecen de justificación legal y se enmarcan en un contexto de alta complejidad política y diplomática.
Casos prioritarios en la agenda diplomática
Entre los asistentes al encuentro se encontraban los familiares de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, ciudadanos originarios de Bilbao detenidos desde septiembre de 2024. Caracas les imputa cargos por una presunta operación para ejecutar actos violentos y un atentado contra el presidente Nicolás Maduro, acusaciones que se producen en un clima de tensión tras la llegada a España del líder opositor Edmundo González.
Asimismo, el presidente recibió a los allegados del periodista canario Miguel Moreno Dapena, arrestado el pasado mes de junio tras la interceptación de un buque de exploración marina. Aunque las autoridades venezolanas justificaron la detención por comportamientos «sospechosos», el Gobierno español sigue de cerca el caso para garantizar su protección jurídica.
Un total de 14 ciudadanos afectados
Según los datos actualizados proporcionados por el Gobierno, además de estos tres casos mediáticos, otros once ciudadanos españoles permanecen encarcelados de manera arbitraria en territorio venezolano. Este grupo incluye a personas con doble nacionalidad nacidas y residentes en el país sudamericano.
El compromiso reafirmado por el presidente Sánchez incluye:
Gestiones diplomáticas constantes a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Exigencia de transparencia en los procesos judiciales y respeto a los derechos humanos de los detenidos.
Asistencia consular continua para asegurar el bienestar de los españoles en los centros de reclusión.
El Gobierno de España insiste en que la protección de sus ciudadanos en el exterior es una prioridad absoluta y que no se escatimarán esfuerzos legales ni canales de diálogo para lograr su regreso seguro a casa.
Con información de agencias
