En un fallo emitido el miércoles por la noche, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos dictaminó que la administración actuó de manera ilegal al intentar rescindir las protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de ciudadanos venezolanos y haitianos.
El tribunal confirmó el fallo de una instancia inferior que señalaba que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sobrepasó sus facultades legales al intentar poner fin a estas protecciones de forma anticipada.
A pesar de la contundencia del fallo, la decisión no tendrá un efecto práctico inmediato. En octubre pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que la medida de Noem entrara en vigor mientras se espera una resolución final por parte del máximo tribunal.
Los jueces Kim Wardlaw, Salvador Mendoza, Jr. y Anthony Johnstone (todos nominados por administraciones demócratas) coincidieron en que la ley de 1990 no otorga al secretario la potestad de anular designaciones existentes de forma arbitraria.
“La ley contiene salvaguardas que aseguran que las personas con TPS disfruten de previsibilidad y estabilidad”, escribió la jueza Wardlaw, subrayando que las acciones de la secretaria han tenido «consecuencias reales» para familias trabajadoras y sin antecedentes penales.
Evidencias de «Animosidad Racial»
Uno de los puntos más críticos de la sentencia fue abordado por el juez Mendoza, quien afirmó que existen pruebas de que las decisiones de rescindir el TPS estuvieron «enraizadas en un diagnóstico estereotipado» hacia los migrantes de Venezuela y Haití, calificando los argumentos del gobierno como un «pretexto» basado en animosidad racial y de origen nacional.
El TPS es un programa diseñado para proteger de la deportación y otorgar permisos de trabajo a personas cuyos países enfrentan:
Conflictos civiles o inestabilidad política.
Desastres ambientales de gran magnitud.
Condiciones extraordinarias que impiden un regreso seguro.
Mientras Noem alegó que las condiciones en ambos países han mejorado, la realidad muestra a Venezuela sumida en una crisis de hiperinflación y a Haití enfrentando violencia extrema de pandillas y hambre generalizada tras el terremoto de 2010.
Situación para los ciudadanos Haitianos
El fallo cobra especial relevancia para la comunidad haitiana, cuyas protecciones estaban previstas a finalizar este 3 de febrero. Actualmente, se espera que un juez federal en Washington se pronuncie sobre una solicitud para pausar la supresión del TPS para este grupo mientras avanza una demanda paralela.
Hasta el momento de esta publicación, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido comentarios oficiales respecto al fallo del miércoles.
Con información de agencias
