En un movimiento que redefine la relación comercial con la región, la administración del presidente Donald Trump ha dado un paso decisivo hacia la normalización operativa en Venezuela.
El Departamento del Tesoro anunció la emisión de la Licencia General 46, un mecanismo que amplía significativamente la capacidad de las compañías petroleras para operar en territorio venezolano, marcando el inicio de una flexibilización profunda de las sanciones.
La nueva normativa abarca una amplia gama de actividades comerciales diseñadas para acelerar el flujo de crudo venezolano hacia los mercados internacionales. Sin embargo, a diferencia de marcos regulatorios previos, la Licencia 46 establece controles financieros rigurosos para garantizar el cumplimiento de los intereses estadounidenses:
Mecanismos de Pago: Todos los ingresos derivados de la venta de crudo deberán canalizarse a través de mecanismos controlados y cuentas supervisadas directamente por las autoridades financieras de EE. UU.
Marco Jurídico: La normativa exige que todos los contratos de suministro y servicios se rijan bajo la ley estadounidense, asegurando estándares de transparencia alineados con las regulaciones del Departamento del Tesoro.
A pesar de la apertura comercial, el documento mantiene una postura firme en cuanto a la seguridad nacional. La Licencia General 46 incluye prohibiciones expresas que limitan el alcance de estas operaciones:
Exclusión de Rivales Estratégicos: Queda terminantemente prohibida cualquier operación vinculada a Rusia, Irán o China.
Veto a Entidades Bloqueadas: Se restringe el uso de buques o servicios asociados a entidades que figuren en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
»Esta medida administrativa busca un equilibrio entre la necesidad de estabilidad energética global y el mantenimiento de una presión estratégica que garantice la transparencia en cada barril comercializado», señalaron fuentes cercanas a la administración.
Con esta acción, el Gobierno de Estados Unidos inicia una etapa de «flexibilización supervisada», condicionando la reactivación del sector energético venezolano al estricto apego de los controles financieros y legales de Washington.
Con información de agencias
