Los anuncios de la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, van a contracorriente de lo sostenido por Maduro y otros altos funcionarios del gobierno hasta no hace mucho
Hoy, mientras Maduro y Flores esperan desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC, por sus siglas en inglés) a que llegue el 26 de marzo, fecha de su próxima aparición ante el tribunal federal para responder por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo, en el país que gobernaron durante más de 12 años se vienen produciendo una serie de cambios inducidos por Washington que, hasta hace solo semanas, eran imposibles.
Destacamos algunos de ellos:
1. Excarcelaciones y amnistía
Una de las primeras acciones adoptadas por las autoridades venezolanas fue ordenar una serie de excarcelaciones de opositores, líderes sindicales, activistas de derechos humanos, periodistas y manifestantes que permanecían recluidos desde hacía meses, muchos de ellos en procesos calificados de arbitrarios por organismos internacionales.
La decisión fue presentada como «un gesto unilateral» para «consolidar la paz de la República y la convivencia pacífica», según declaró el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
A lo largo de este mes, las autoridades han asegurado que más de 600 personas han dejado sus celdas.
Sin embargo, esta cifra ha sido puesta en duda por colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos como el Foro Penal Venezolano, que hasta el 1 de febrero había verificado 344 excarcelaciones de los más de 600 «presos políticos» que contabiliza.
En lo que parece un intento por acelerar este proceso, el pasado 30 de enero la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció: «Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 hasta el presente».
«Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política», abogó, al tiempo que informó que cerrará El Helicoide, una de las sedes de los servicios de inteligencia venezolano y centro de detención que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Misión de Naciones Unidas para Venezuela han calificado de «centro de torturas» contra la disidencia.
Días antes Trump escribió en su red Truth Social: «Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y se prevé que este ritmo aumente en las próximas semanas».
Los anuncios de Rodríguez van a contracorriente de lo sostenido por Maduro y otros altos funcionarios chavistas hasta no hace mucho.
«Esta vez no va a haber perdón, lo que va a haber es (cárcel) de Tocorón», advirtió el heredero del fallecido Hugo Chávez a quienes protestaron contra su controvertida reelección en julio de 2024.
Semanas después, más de 2.000 personas terminaron tras las rejas, según datos de la Fiscalía venezolana.
«Aquí no va a haber ni ley de amnesia ni ley de impunidad ni ley de amnistía ni conciliación ni reconciliación», declaró en 2016 el hoy ministro del Interior, Diosdado Cabello, cuando el anterior parlamento controlado por la oposición impulsó una ley similar, la cual fue bloqueada por el gobierno y por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
2. Enterrando la estatización petrolera
«Ni una gota de petróleo puede salir de aquí para EE.UU. si agreden a Venezuela. Ni media gota puede salir en ninguna circunstancia».
La amenaza que en diciembre pasado lanzó el ministro Cabello quedó en nada.
Apenas horas después de la operación militar que terminó con la captura de Maduro, Trump anunció que Caracas aceptó entregarle hasta 50 millones de barriles de petróleo para venderlos a precios «de mercado».
Y sobre el dinero obtenido, el mandatario estadounidense advirtió: «Será controlado por mí (…) para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de EE.UU.».
Lejos de desmentir esto, las autoridades venezolanas reconocieron que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) «cursa una negociación con EE.UU. para la venta de volúmenes de petróleo», indicó la estatal petrolera en un escueto comunicado.
Días después, Trump pidió a las petroleras estadounidenses que invirtieran al menos US$100.000 millones para elevar la depauperada producción venezolana.
Sin embargo, muchas de esas empresas se han mostrado reacias debido a la incertidumbre política y a la inseguridad jurídica.
«Hoy en día, no se puede invertir allí», afirmó Darren Woods, directivo de Exxon Mobil. «Nos han confiscado nuestros activos dos veces, así que, como pueden imaginar, volver a entrar una tercera vez requeriría cambios bastante significativos», agregó el ejecutivo.
Para revertir esta percepción, el presidente de la Asamblea Nacional anunció una sorpresiva revisión del marco legal vigente, la cual ya produjo la reforma de la Ley de Hidrocarburos, que revirtió parcialmente la política de estatización del sector petrolero impuesta por
Hugo Chávez desde 2007.
La reforma a la Ley de Hidrocarburos ha sido criticada por sectores del chavismo.
«El 29 de enero de 2026, Venezuela dejó de ser dueña de su petróleo no importa cómo lo veas», escribió el exministro de Comunicación Andrés Izarra.
«Conservamos la propiedad nominal del subsuelo. Pero perdimos el control de quién lo extrae, cómo lo extrae, a quién lo vende, a qué precio, bajo qué jurisdicción, y qué porción nos queda como República», agregó.
3. Dólar en caída, pero precios igual de altos
La incertidumbre que siguió a la operación militar estadounidense golpeó a la moneda venezolana tanto en el mercado oficial como en el paralelo.
En enero, el bolívar perdió 21,87% de su valor frente al dólar estadounidense al pasar de Bs. 301,37 por cada billete verde a 367,30, según datos del Banco Central de Venezuela (BCV).
En el mercado negro, donde muchas empresas y ciudadanos obtienen sus divisas para sus operaciones, el dólar llegó a cotizarse a más de Bs. 800 tras los hechos del 3 de enero, aunque en los últimos días ha caído a poco más de 400.
«Hubo mucha incertidumbre y mucha gente creyó que la situación iba a ser más caótica de lo que ha sido, entonces la oferta de divisas en el mercado paralelo, que ya era escasa desde hacía semanas, se redujo aún más», explicó a BBC Mundo un economista que prefirió no ser identificado.
El anuncio de las autoridades de que inyectarían al mercado cambiario US$300 millones provenientes de la venta de petróleo —la primera intervención en meses— parece haber sido la principal responsable de la disminución de la brecha entre las dos cotizaciones.
No obstante, el experto consultado advirtió que este tipo de medidas son insuficientes.
«Aquí lo importante es cómo va a ser el flujo, más que ventas puntuales; eso será lo que determine cómo se comportarán la economía, la inflación y la moneda», explicó.
La disminución de la brecha cambiaria no ha significado un alivio para los bolsillos de los venezolanos.
«Todo está igual de caro, los precios no bajan, aunque baje el dólar en el mercado paralelo. Un cartón de huevos estaba la semana pasada en US$2,60 y ahora está en US$3,50. La plata no alcanza», explicó Alberto Fernández, un trabajador por cuenta propia de Caracas.
4. De la insurrección a la negociación
A finales de 2025, Maduro advirtió que cualquier ataque de EE.UU. contra Venezuela no quedaría sin respuesta.
«No se moverá un alfiler y se declarará una huelga general, insurreccional y revolucionaria de la clase obrera», aseguró.
Sin embargo, los pronósticos del exgobernante no se cumplieron, así como tampoco se cumplieron los de aquellos que creían que se produciría un quiebre en el chavismo.
El gobierno ahora dirigido por Rodríguez, que fuera la vicepresidenta de Maduro, ha optado por dialogar con Washington y se apresta a restablecer las relaciones diplomáticas después de casi siete años interrumpidas.
Justo la semana pasada, la diplomática estadounidense Laura F. Dogu llegó a Caracas para reabrir la embajada de EE.UU., la cual permanece cerrada desde 2019.
Antes se produjo la histórica visita del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), John Ratcliffe, a Caracas.
Rodríguez ha defendido su estrategia diciendo que permitirá «abordar las consecuencias derivadas de la agresión y el secuestro del presidente de la República y la primera dama».
Una versión que sectores del oficialismo ponen en duda.
«Delcy está donde está por la extracción [de Maduro], que fue un acto violento, pero ella no controla ese factor [la violencia], porque depende del ejército de EE.UU.», afirmó a BBC Mundo la analista política Carmen Beatriz Fernández.
«Yo creo que la apuesta de ella es ganar una legitimidad de desempeño. Hacer las cosas bien y que haya una mejoría que le permita tener cierta legitimidad popular», apuntó.
Por su parte, el profesor Ángel Oropeza, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, aseguró: «El proyecto del gobierno interino de la señora Rodríguez es uno de estabilización autoritaria. Es un juego que habrá que ver hasta dónde resulta, porque es una estrategia a dos velocidades: una apertura muy rápida en lo económico, pero muy lenta en lo político».
Más cruda fue Gabriela Ramírez, quien fue diputada por el chavismo y luego defensora del Pueblo. «No les queda de otra [a las actuales autoridades] más que llevar la fiesta en paz y tratar de hacer una transición pacífica que termine con una elección democrática», le dijo a BBC Mundo, advirtiendo que lo contrario podría terminar en una nueva incursión estadounidense.
Trump ya había lanzado una amenaza en ese sentido: horas después de la captura de Maduro, le advirtió a Rodríguez que «si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que el de Nicolás Maduro».
Con información El Nacional
