La administración de Donald Trump ha oficializado el alivio de las sanciones energéticas contra Venezuela, marcando el fin del embargo petrolero vigente desde 2019. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, confirmó que la «cuarentena» al crudo venezolano ha terminado, abriendo una nueva etapa de cooperación comercial orientada a la reconstrucción del sector energético nacional.
La medida central de este anuncio es la emisión de dos licencias clave que autorizan a gigantes energéticos como Chevron, BP, Shell y Repsol a retomar plenamente sus operaciones en territorio venezolano. Asimismo, el nuevo marco legal permite que empresas globales firmen contratos de inversión con el fin de incrementar la producción de petróleo, gas y electricidad de manera inmediata.
Un pilar fundamental de este plan es el retorno de corporaciones históricas como Exxon Mobil y ConocoPhillips, que abandonaron el país hace casi dos décadas. Aunque Washington impulsa activamente su regreso para liderar la recuperación técnica, algunas compañías mantienen una postura de cautela operativa.
Condiciones estrictas para la inversión extranjera
Si bien el alivio permite el ingreso de tecnología y servicios estadounidenses de última generación, el Departamento de Energía ha establecido límites claros:
Restricción de socios: Queda estrictamente prohibido cualquier negocio con empresas de Rusia, Irán o China, así como con entidades controladas por ciudadanos de dichas naciones.
Control financiero: El secretario Wright puntualizó que EE. UU. mantendrá la supervisión de los ingresos generados por las ventas de crudo hasta que se consolide un «gobierno representativo». A la fecha, las ventas realizadas tras el reciente cambio de poder ya alcanzan los 1.000 millones de dólares.
Impacto económico y social: Empleo y servicios básicos
El objetivo final de esta política es atraer un flujo de capital cercano a los 100.000 millones de dólares. Para lograrlo, existe una coordinación técnica activa entre el equipo estadounidense y la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, enfocada en maximizar la explotación de recursos antes de que finalice el año.
Más allá de la exportación de crudo, el nuevo esquema de licencias comerciales tiene un impacto social directo:
Estabilización eléctrica: Facilitar la compra de insumos críticos para recuperar el sistema eléctrico nacional.
Generación de empleo: Creación de puestos de trabajo formales mediante la reactivación de campos petroleros y plantas de procesamiento.
Reintegración global: El retorno de Venezuela como un proveedor confiable y estable en el mercado energético internacional.
»Estamos abriendo las puertas a la reconstrucción energética de Venezuela, pero bajo un marco de transparencia y alianzas estratégicas que aseguren que el beneficio llegue al desarrollo del país», señaló el secretario Wright.
Con información de agencias
