En una jornada marcada por la alta tensión política y social, la Cámara de Diputados de la Nación inició este jueves 19 de febrero el debate sobre la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.
Mientras el oficialismo busca asegurar la aprobación de un texto que deberá retornar al Senado, el país enfrenta un paro nacional casi total convocado por la CGT y ATE, con niveles de adhesión que alcanzan el 98% en el sector público.
El debate legislativo: puntos de quiebre
Con un quórum ajustado de 130 legisladores, la Cámara Baja analiza un proyecto que ha sido calificado por sectores sindicales como un «retroceso histórico». Entre los ejes más polémicos se encuentran:
Reemplazo de indemnizaciones: La creación de un Fondo de Asistencia Laboral que sustituye el sistema tradicional.
Precarización digital: La catalogación de trabajadores de plataformas como «independientes», eliminando derechos al aguinaldo y vacaciones.
Extensión de periodos de prueba: Aplicable a sectores vulnerables como el trabajo rural y doméstico.
Derogación de estatutos: La eliminación de protecciones para profesionales, incluyendo el Estatuto del Periodista.
Un país en pausa: El impacto del paro nacional
La medida de fuerza liderada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha logrado una parálisis casi total en los principales centros urbanos. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, definió la legislación como una «medida criminal».
El impacto se siente con fuerza en:
Transporte: Paralización masiva de trenes, subtes y vuelos comerciales (APA y APLA), dejando las terminales aéreas desiertas.
Servicios Públicos: Guardias mínimas en ANSES y PAMI; interrupción en recolección de residuos, aduanas y controles sanitarios.
Industria: El clima de protesta coincide con el cierre de la emblemática fábrica de neumáticos Fate, que dejó un saldo de 920 despidos.
Clima social y seguridad
Mientras el presidente Javier Milei participa en la Junta de Paz en Washington junto a Donald Trump, en las afueras del Congreso se vive un clima de confrontación. Las fuerzas federales mantienen activo el protocolo antipiquetes frente a columnas de movimientos sociales y partidos de izquierda que exigen el rechazo del proyecto.
»La masividad del acatamiento debe funcionar como un condicionante político. No permitiremos que se legalice la explotación», advirtieron desde la dirigencia gremial.
De aprobarse con las modificaciones de último minuto, el proyecto de ley regresará a la Cámara Alta para su definición final, prolongando una batalla política que ha consolidado el cuarto paro nacional contra la actual gestión.
Con información de agencias
