El panorama político venezolano ha dado un giro drástico este 2026, sin embargo, en las calles y en las redes sociales, la prioridad de la ciudadanía es clara: la recuperación urgente del poder adquisitivo.
A pesar de las proyecciones de apertura económica para 2026, los trabajadores venezolanos enfrentan una realidad crítica. La ONG Provea denunció que el salario mínimo y las pensiones permanecen congelados en 130 bolívares desde marzo de 2022. Al cambio oficial, esto representa apenas 37 centavos de dólar, consolidándose como el ingreso mensual más bajo de toda América Latina.
Organizaciones como Monitor Sindical Venezuela han elevado el tono de sus exigencias en plataformas digitales, interpelando tanto a la dirigencia actual como al sector empresarial: “La cuenta no da. Hoy la lucha es por un salario mínimo de al menos 300 dólares”, sentencian en sus comunicados.
El obstáculo: Una estructura estatal y laboral agotada
Aunque la Constitución venezolana establece en su artículo 91 el derecho a un salario suficiente para cubrir la canasta básica (estimada hoy en USD 550), los especialistas advierten sobre la inviabilidad financiera de un aumento inmediato bajo el esquema actual.
El consultor Asdrúbal Oliveros señala que, con una nómina de 2 millones de empleados públicos y 4 millones de pensionados, el Estado no tiene capacidad de pago actual. «Hace falta una reforma profunda del Estado», sostiene, vaticinando que los ajustes seguirán llegando vía bonificaciones que no inciden en beneficios laborales.
Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, explica que la estructura de la Ley del Trabajo, especialmente la retroactividad de las prestaciones, bloquea los aumentos estructurales. «Ese esquema terminó siendo lo contrario a lo buscado: menor salario real y menor protección efectiva», afirma León, quien apuesta por un rediseño del marco laboral.
Propuestas para destrabar el salario
Desde el sector gremial, Jorge Roig, representante de Fedecámaras ante la OIT, propone una solución transitoria: una Ley de Emergencia Laboral. Esta medida permitiría aumentar los salarios sin que estos incidan temporalmente en el recálculo de prestaciones sociales, evitando así el colapso financiero de las empresas y del propio Estado.
»Los empresarios privados están deseosos de pagar un mejor salario porque eso dinamiza el consumo, pero debemos superar la legislación vigente para hacerlo posible», enfatizó Roig.
Con información de agencias
