El equipo legal que representa a Nicolás Maduro en los Estados Unidos presentó un documento oficial ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, advirtiendo sobre un crítico estancamiento financiero que pone en riesgo su representación privada. La situación surge tras una decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que revoca la vía de financiamiento para su defensa.
Revocación «sorpresiva» de licencias
El abogado defensor, Barry J. Pollack, notificó formalmente al juez Alvin Hellerstein que la OFAC canceló, de manera inesperada, la autorización para que el Estado venezolano cubriera los honorarios legales de Maduro.
Según el escrito presentado, el pasado 9 de enero la agencia había otorgado licencias que permitían tanto a Maduro como a su esposa, Cilia Flores, recibir fondos estatales para costear su defensa. Sin embargo, en un giro procedimental, apenas tres horas después la OFAC enmendó la licencia de Maduro «sin explicación alguna», prohibiendo específicamente que sus abogados acepten pagos provenientes del gobierno de Venezuela. Cabe destacar que esta restricción no fue aplicada al caso de Flores.
Conflicto constitucional y legal
La defensa argumenta que esta medida interfiere directamente con la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual garantiza el derecho de todo individuo a contar con un abogado de su elección. En el documento, los abogados fueron enfáticos al declarar:
«El Sr. Maduro no puede permitirse un abogado de otra manera (…) posee una expectativa legítima de que el Estado venezolano sufrague estos gastos según sus leyes y costumbres».
Asimismo, el equipo legal calificó como contradictoria la postura del Departamento del Tesoro, señalando que la OFAC permite actualmente diversas transacciones comerciales con entidades estatales venezolanas, pero bloquea los fondos destinados a garantizar un derecho constitucional básico.
Próximos pasos legales
Ante el silencio de las autoridades financieras estadounidenses frente a las solicitudes de restitución de la licencia, el equipo legal informó que planea presentar una moción formal buscando el auxilio de la Corte.
El contexto legal es complejo. Joshua Goodman, periodista de la agencia AP, señaló que si bien la Sexta Enmienda protege el derecho a la defensa, el hecho de que Estados Unidos haya declarado a Maduro como ilegítimo en 2019 permite al gobierno argumentar que este no goza de los privilegios presidenciales estándar.
Con información de agencias
