La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió este viernes, 6 de marzo de 2026, la Licencia General 51, la cual autoriza una serie de actividades comerciales y logísticas relacionadas con el oro de origen venezolano.
Esta medida representa un ajuste significativo en la política de sanciones, permitiendo la reactivación de flujos comerciales específicos bajo estrictos marcos de cumplimiento.
Según la información publicada en el portal oficial del Departamento del Tesoro, la licencia faculta las transacciones «inherentes y necesarias» para las siguientes actividades:
Comercio e Importación: Exportación, venta, suministro, almacenamiento, compra, entrega o transporte de oro venezolano con destino a los Estados Unidos.
Procesamiento Industrial: Se autoriza la refinación del metal precioso dentro de territorio estadounidense.
Comercialización: La reventa o reexportación del material desde EE. UU., siempre que sea realizada por una entidad estadounidense establecida.
La autorización no es universal. El documento especifica que solo podrán beneficiarse las empresas constituidas bajo las leyes de los Estados Unidos (o cualquier jurisdicción dentro de la nación) que hayan sido establecidas antes del 29 de enero de 2025.
Además, la licencia permite la ejecución de protocolos operativos estándar, tales como:
Diligencias debidas (due diligence).
Evaluaciones comerciales, legales, técnicas, de seguridad y ambientales.
Gestión de servicios logísticos, incluyendo fletamiento de buques, seguros marítimos y servicios portuarios, incluso si involucran a autoridades u operadores dependientes del Gobierno de Venezuela.
A pesar de la apertura, la OFAC mantiene controles rigurosos sobre las formas de pago y la naturaleza de las transacciones. No están autorizados:
Pagos que no se consideren comercialmente razonables.
Canjes de deuda o pagos en especie.
Transacciones denominadas en monedas o tokens digitales emitidos por el Gobierno de Venezuela (como el Petro).
»Esta licencia busca canalizar la actividad minera hacia circuitos legales y controlados, manteniendo la vigilancia sobre los mecanismos financieros utilizados», señala el espíritu de la regulación.
Con información de agencias
