El presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, ha ratificado este domingo una serie de enmiendas legislativas que endurecen el control del Estado sobre activos críticos. Las nuevas normativas permiten al gobierno ruso intervenir o asumir el control de empresas dedicadas a la extracción de recursos minerales y a la explotación pesquera, ampliando significativamente la lista de actividades consideradas de «importancia estratégica».
Las modificaciones afectan directamente a la ley ‘Sobre el Procedimiento para la Implementación de Inversiones Extranjeras en Entidades Económicas de Importancia Estratégica’ y a la ley ‘Sobre las Inversiones Extranjeras en la Federación Rusa’.
Con estos cambios, el umbral para que un yacimiento sea considerado vital para la seguridad nacional se ha reducido, abarcando ahora:
Hidrocarburos: Reservas de petróleo de entre 50 y 70 millones de toneladas; gas entre 30 y 50 mil millones de metros cúbicos.
Minerales Críticos: Reservas de oro (30-50 t), cobre (300k-500k t), uranio, cuarzo de alta pureza, litio, níquel, cobalto, diamantes y metales del grupo del platino, entre otros.
Tierras Raras: Se incluyen específicamente las del grupo del itrio, tántalo, niobio y berilio.
Impacto en el sector pesquero y acuicultura
La nueva legislación no se limita al subsuelo. A partir de ahora, se clasificarán como estratégicas las compañías que:
Generen más del 50% de sus ingresos anuales a través de la pesca.
Tengan un valor superior a los 800 millones de rublos (aprox. 10 millones de dólares).
Se dediquen a la acuicultura de especies anádromas, como el salmón del Pacífico.
Restricciones a capitales extranjeros
Bajo el nuevo marco legal, Rusia prohíbe explícitamente que cualquier empresa dirigida por un individuo o entidad extranjera explote sectores calificados como estratégicos. Esta medida profundiza el aislamiento económico derivado de la ruptura de relaciones tras el inicio del conflicto en Ucrania en 2022 y las consecuentes sanciones internacionales.
»La inversión extranjera en Rusia queda bajo un control riguroso, especialmente aquella proveniente de naciones consideradas ‘no amistosas’ u occidentales», señala el texto legal.
La ley entrará en vigor a los 90 días de su publicación en el boletín oficial del Estado, otorgando un breve margen de maniobra para las estructuras corporativas actuales antes de que el nuevo régimen de propiedad y operación sea de obligado cumplimiento.
Con información de agencias
