En una nueva escalada de la tensión política que mantiene paralizado al gobierno federal, el presidente Donald Trump advirtió que podría desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los principales aeropuertos del país.
La medida surge como respuesta a la negativa de los demócratas de respaldar un acuerdo de seguridad en el marco de la disputa por el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que los agentes del ICE asumirían funciones de control “como nunca antes”, con la potestad de realizar detenciones inmediatas de migrantes en situación irregular dentro de las terminales aéreas.
La advertencia coincide con el cierre parcial del gobierno, que ya supera el mes de duración. Esta situación ha dejado a miles de empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) sin percibir sus salarios, provocando:
Incremento significativo de bajas por falta de pago.
Formación de largas filas y congestión en puntos de control.
Alarmas sobre posibles fallas críticas en el sistema aeroportuario nacional.
La propuesta de sustituir al personal de la TSA por agentes de migración ha generado una ola de críticas por parte de expertos en aviación, quienes señalan que los funcionarios del ICE no cuentan con el entrenamiento específico para las tareas de inspección y seguridad técnica que requiere un aeropuerto.
Por otro lado, organizaciones civiles han manifestado su preocupación por el impacto en los derechos humanos:
»Mezclar labores de seguridad aeroportuaria con control migratorio agresivo no solo es ineficiente, sino que pone en riesgo la integridad de los viajeros y los derechos fundamentales», advierten representantes de grupos defensores de migrantes.
Analistas interpretan este anuncio como una doble maniobra: una táctica de presión directa hacia los demócratas para forzar el financiamiento de sus políticas de seguridad y una reafirmación de su agenda migratoria restrictiva. Pese a las críticas, el presidente Trump sostiene que su objetivo prioritario es garantizar aeropuertos «seguros» y endurecer el control sobre la migración irregular.
Con información de agencias
