El reciente arresto de una mujer de origen venezolano en estado de gestación, junto con la detención de su hijo de 10 meses, ha desatado una ola de críticas y una profunda preocupación entre activistas y la comunidad local en el estado de Washington. El operativo, ejecutado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha puesto bajo la lupa los protocolos federales en situaciones que involucran a perfiles vulnerables.
La detención se produjo mientras la mujer se dirigía a un centro médico. Según confirmó la policía local de Seattle, la acción fue una operación independiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Aunque el arresto fue realizado por agentes migratorios, los documentos de acusación revelan que la medida responde a una orden judicial de carácter penal.
La justicia vincula presuntamente a la detenida con una organización criminal dedicada a la trata sexual, con operaciones activas entre las ciudades de Seattle y Nueva York.
El aspecto más polémico del caso es la custodia del lactante de 10 meses, quien también quedó bajo el control de la agencia federal. Allegados a la mujer han manifestado su desesperación ante la falta de información clara sobre el paradero de ambos.
“No sabemos nada de ella ni de la bebé. Llamamos al centro de detención y no nos dan respuesta. Estamos profundamente preocupados por la niña”, declaró una amiga de la detenida a la emisora KUOW.
El caso ha reavivado el debate en Estados Unidos sobre el trato de ICE hacia personas en situaciones críticas, como mujeres embarazadas o menores en periodo de lactancia, especialmente cuando el arresto ocurre en contextos de traslado médico.
Con información de agencias
