La organización no gubernamental PROVEA manifestó este viernes su firme rechazo a la falta de transparencia en el proceso de renovación de los titulares del Poder Ciudadano. A través de un pronunciamiento oficial, la ONG exigió a la Asamblea Nacional (AN) que la designación del nuevo Fiscal General y del Defensor del Pueblo cumpla con estándares democráticos que garanticen la legitimidad de estos cargos.
Un proceso bajo sospecha de parcialidad
PROVEA alertó sobre el incumplimiento de la Ley del Poder Ciudadano, la cual estipula la pluralidad como un requisito indispensable. Según la organización, el actual Comité de Postulaciones carece de representatividad al estar dominado por una tendencia política única.
«La Ley del Poder Ciudadano exige pluralidad, pero no se está cumpliendo. El Comité de Postulaciones tiene mayoría del propio PSUV, sin representantes de universidades, sociedad civil ni gremios», señaló la ONG a través de sus canales oficiales.
Para que el proceso sea considerado válido y las autoridades resultantes gocen de confianza pública, PROVEA insta a la implementación inmediata de las siguientes medidas:
Acceso total a la trayectoria de los aspirantes.
Claridad en los criterios de evaluación y puntuación.
Transmisión y acceso público a las comparecencias de los postulados.
Garantías para que la ciudadanía pueda impugnar candidatos que no cumplan con los requisitos de idoneidad.
La organización enfatizó que el Fiscal General y el Defensor del Pueblo son figuras que deben servir a la ciudadanía y no a intereses partidistas. En este sentido, advirtieron que un proceso cerrado solo profundiza la crisis institucional del país.
«Un proceso cerrado no produce autoridades legítimas. El fiscal general y el defensor del pueblo son de la ciudadanía; su elección no puede ser una designación a puerta cerrada», concluyó el comunicado.
Con información de agencias
