La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) exigió este domingo al Estado venezolano el otorgamiento de un “indulto amplio, inmediato y sin discriminación” para todas las personas detenidas por motivos políticos. La organización advirtió que las medidas legales recientes han sido insuficientes para frenar la crisis de persecución en el país.
Según el pronunciamiento de la ONG, la Ley de Amnistía promulgada el pasado mes de febrero no ha cumplido con su objetivo de restituir las garantías fundamentales. JEP denunció que este instrumento ha funcionado más como un mecanismo para intentar limpiar la imagen del sistema político que como una herramienta de justicia real, ya que el Estado sigue sin asumir responsabilidades por las violaciones de derechos humanos documentadas.
“Es hora de dejar de usar a los prisioneros como piezas de negociación”, afirmó la organización de manera categórica.
Al cierre de marzo, el balance de la organización contabiliza un total de 679 presos políticos. JEP sostiene que las liberaciones registradas hasta la fecha no representan un avance en la reinstitucionalización del sistema judicial, sino que responden a decisiones de carácter netamente político.
La ONG enfatizó los siguientes puntos clave sobre la situación actual:
Omisión deliberada: Los mecanismos jurídicos para resolver la situación de los detenidos ya existen, pero las autoridades los ignoran para mantener el control social.
Facultad constitucional: El indulto es una vía expedita que permite cesar penas y procesos de forma inmediata, sin necesidad de reformas complejas.
Instrumentalización: Se denunció el uso de los detenidos como «fichas de intercambio» en contextos de presión interna o externa.
Para JEP, la reconstrucción del Estado de derecho en Venezuela pasa necesariamente por que la libertad de los ciudadanos dependa del cumplimiento de la Constitución y no de cálculos estratégicos de las autoridades. El pedido de un indulto total busca aliviar el sufrimiento de cientos de familias que aguardan la excarcelación de sus parientes tras la reconfiguración política ocurrida en enero.
La organización concluyó que es imperativo transitar hacia una decisión política definitiva que garantice los estándares internacionales de derechos humanos y ponga fin al uso de la privación de libertad como herramienta de control político en el territorio nacional.
Con información de agencias
